Peleas por otros temas hacen que los legisladores no debatan una ley con la que están de acuerdo.

Enfrascados en reyertas políticas que parecen interminables, oficialistas y opositores en el Congreso dejaron dormir en un cajón el proyecto de ley que les envió el Poder Ejecutivo para declarar feriado el 24 del actual.

Así las cosas, a menos que los legisladores apuren al máximo los tiempos parlamentarios, la presidenta Cristina Kirchner se verá obligada a apelar a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que efectivamente rija ese feriado.

El gobierno nacional envió el proyecto a la Cámara de Diputados el 7 del mes pasado; en él propone que "por única vez" y con motivo del Bicentenario de la Patria se declare feriado el próximo lunes 24.

Así, junto con el martes 25 -día en que se conmemorarán los 200 años de la Revolución de Mayo- se conformaría un fin de semana largo de celebraciones y de movimiento turístico, punto especialmente requerido por funcionarios y comerciantes de los mayores centros de esparcimiento del país.

La iniciativa no despertó reparos entre los legisladores de la oposición y todos daban por sentado que se aprobaría rápidamente.

Sin embargo, los días transcurrieron y ni siquiera hubo dictamen de comisión; oficialistas y opositores estuvieron más abocados a la discusión por el uso de las reservas del Banco Central y por la coparticipación del impuesto al cheque que a impulsar una iniciativa que, paradójicamente, gozaba del consenso de una amplísima mayoría, por no decir de casi todos.

Ahora, los tiempos para convertir en ley el proyecto se acortaron drásticamente: apenas si quedan tres semanas para que ambas cámaras del Congreso lo aprueben.

"Si no lo logramos, entonces no habrá otra alternativa que el Gobierno apele a un DNU", admitió a LA NACION un encumbrado diputado del oficialismo parlamentario.

El Poder Ejecutivo está habilitado para hacerlo, coinciden oficialistas y opositores, ya que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional establece: "Cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, [el Poder Ejecutivo] podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia".

Esta es la última carta en la manga. En rigor, el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, había intentado que el proyecto del Gobierno saliera por ley, por lo que había propuesto que se discutiera durante la sesión de la Cámara baja del miércoles pasado.

Rossi había lanzado la propuesta el día anterior, durante la reunión de labor parlamentaria, en la que contó con el asentimiento de todos los jefes de las bancadas opositoras. Así, parecía garantizada la mayoría para aprobarlo.

Sin embargo, esa sesión nunca llegó a arrancar: la pelea por la ley del cheque, que rechaza el oficialismo, y el proyecto de matrimonio entre gays (sobre lo que se informa en la página 30), que divide a todos los bloques, finalizó en un escándalo y el debate fracasó por falta de quórum.

Rossi anticipó a LA NACION que hará un nuevo intento esta semana, pero no será fácil, ya que, para superar el escándalo del miércoles pasado, los legisladores insistirán en debatir el proyecto sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Para ello, se analiza la posibilidad de una sesión especial con ese único asunto.

De todas maneras, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), anticipó que convocará el próximo jueves a ese cuerpo para debatir el proyecto del Gobierno. Se descuenta que habrá dictamen favorable, aunque quizá sea demasiado tarde.


Por Laura Serra -