A través del Decreto 1482/2010, el Ejecutivo oficializó el veto al proyecto de ley que proponía establecer el haber mínimo en el 82% del salario mínimo, vital y móvil. La medida la había anunciado ayer la presidenta Cristina Fernández.

La decisión 1482, que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue publicada hoy en el Boletín Oficial, "observa en su totalidad el proyecto de ley 26.649", sancionado en la madrugada de ayer gracias al voto del vicepresidente Julio Cobos, a quien la primera mandataria calificó de "okupa".

En el decreto, con marcado contenido político y duras críticas al arco opositor, se advierte que "su promulgación implicaría prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado", en sintonía con los conceptos expresados ayer por la jefa de Estado y varios funcionarios del Gobierno.

Dentro de los extensos considerandos, también se destaca la posible violación de uno de los artículos de la ley de Administración Financiera que establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

Para el Ejecutivo, "el mencionado quiebre del Sistema Previsional traería aparejado el desfinanciamiento del propio Estado, que debería volcar ingentes recursos para paliar tal déficit y desatender con ello otras áreas importantes de su accionar".

"Al parecer se trata de una maniobra o ardid para obligar el veto de la norma, especulando sacar de allí algún mezquino rédito político, pues pareciera que sólo se puede avanzar en tal idea descontando que otro, con responsabilidad en el gobierno de la cosa pública pare tanto dislate", añade en otro párrafo.

Tras recordar "antecedentes de declaración de emergencia previsional y descuentos del 13 por ciento a jubilados", apunta a "que cada vez que han tenido la oportunidad de acceder al gobierno quienes hoy quieren mostrarse como adalides del 82% móvil siempre resolvieron el dilema entre la sustentabilidad del sistema y los derechos de los jubilados en contra de estos últimos".

En ese marco, afirma que "desde la oposición buscan impedir que continúe la mejora constante, la recuperación de derechos, la reparación de los daños sufridos, en un marco de racionalidad, sustentabilidad y gradualidad que implica la mejora de todos".

"Este Gobierno estima que una decisión de la envergadura como la que se pretende imponer, con tal incidencia económica y financiera, sólo debería tomarse adoptando todos los recaudos necesarios para que no se convierta a corto plazo en una trampa para millones de jubilados y por supuesto para toda la sociedad y no proponerlo en forma demagógica y nefasta", advierte luego.

En el decreto también se destaca que "hasta los propios postulantes reconocen públicamente que el financiamiento para el incremento propiciado se encontraría asegurado sólo para este año y el año venidero, sin saber explicar cómo se sustentaría en el tiempo la sanción de una Ley de tanta implicancia social".

Más adelante, se recuerda que "el tema previsional en la Argentina ha tenido su historia un pasado construido por erráticas decisiones macroeconómicas que hicieran colapsar varias veces el sistema previsional" y se hace una cronología de esos momentos.

Además, el Gobierno hace un repaso de los incrementos en los haberes para el sector pasivo aplicados desde 2002 y remarca ley de movilidad jubilatoria, que otorga dos aumentos por año.

Sobre el final, el decreto que veta la iniciativa concluye que "la pretensión de aprobar un proyecto de ley que disponga la vigencia del 82 por ciento móvil sin financiamiento de corto, mediano y largo plazo, además de ignorar las condiciones pasadas, presentes y futuras del sistema previsional, terminará por desquiciar el régimen público y la totalidad del régimen fiscal".

Además, advierte que "si se aplicara, pasado muy poco tiempo, el Estado no podrá cumplir con sus obligaciones, y seguramente reaparecería el discurso privatizador y tras el ajuste de los derechos de trabajadores y jubilados, los nuevos voceros de las soluciones drásticas para el retorno de las AFJP".

Finalmente, llama a "salir del debate oportunista, mezquino e irracional" y sostiene, sin hacer nombres, que "aquel que en definitiva apuesta a arruinar una gestión para, tras su fracaso, ofrecerse de recambio, no puede brindar solución alguna".

En la conclusión, explica que "el proyecto de ley implicaría destinar 9.280,32 millones de pesos para el período octubre diciembre del 2010 y 40.088,53 millones de pesos para 2011, no dice de dónde obtenerlos y está claro que la ANSES no los posee" y reitera: "Se trataría de una medida irresponsable que aparejaría la pronta quiebra no sólo del sistema sino del propio Estado".