El gobierno de Obama pedirá la pena de muerte para el responsable y los otros cuatro acusados del mayor atentado perpetrado a los Estados Unidos.

En una decisión de gran simbolismo, el autoproclamado "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Khalid Sheikh Mohammed, y otros cuatro presuntos terroristas detenidos en la base de Guantánamo serán juzgados por un tribunal federal en Nueva York, a pocas cuadras de Ground Zero, el lugar de los devastadores ataques, según anunció ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Tras ocho años de retrasos, aquellos supuestos responsables de los atentados del 11 de Septiembre finalmente enfrentarán a la justicia", indicó el secretario de Justicia, Eric Holder, quien apuntó que espera que los fiscales de la Corte Federal del Distrito Sur, en el downtown de Manhattan, pidan la pena de muerte para Mohammed y los otros cuatro sospechosos, Walid ben Attash, Ramzi Ben al-Shib, Mustafa Ahmed al-Hawsawi y Ali Abd al-Aziz Ali, quienes habrían planeado los ataques contra las Torres Gemelas, del World Trade Center, y el Pentágono, que dejaron casi 3000 muertos. La medida impulsada por el gobierno del presidente Barack Obama marca un cambio dramático respecto de la política antiterrorista de su antecesor en la Casa Blanca, George W. Bush, quien a fines de 2001 estableció unos tribunales militares especiales para juzgar a los sospechosos terroristas en Guantánamo, aunque la mayoría de los prisioneros allí nunca tuvo un proceso legal apropiado ni fue formalmente acusado.

De los más de 500 sospechosos originalmente capturados en Afganistán aún permanecen 215 personas en el controvertido centro de detención de la base militar que el actual mandatario prometió clausurar para el 22 de enero de 2010.

"Estoy absolutamente convencido de que Khalid Sheikh Mohammed estará sujeto a los requerimientos más exigentes de la Justicia. El pueblo estadounidense insiste en ello, y mi administración también", señaló Obama desde Tokio, donde se encuentra de gira.

Sin embargo, otros cinco presuntos terroristas ?Abd al-Rahim al-Nashiri, Omar Khadr, Ahmed Mohammed al-Darbi, Ibrahim Ahmed Mahmoud al-Qosi, y Noor Uthman Mohammed? sí serán juzgados por tribunales militares en Estados Unidos por haber estado involucrados en distintos ataques contra fuerzas militares de este país en el exterior. Al-Nashiri, por ejemplo, está acusado de haber planeado el ataque contra el destructor USS Cole, en Yemen, en 2000.

Ningún detenido será trasladado a Estados Unidos de inmediato ya que, bajo la actual legislación, el Congreso debe ser notificado por el Ejecutivo 45 días antes de traer al país a los prisioneros en Guantánamo.

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Más allá de las complicaciones logísticas y los temores a atentados por parte de la red terrorista Al-Qaeda para interrumpir los juicios, el plan del gobierno obligará al sistema judicial a confrontar difíciles cuestiones legales en torno de la política antiterrorista lanzada por Bush.

Muchos de estos sospechosos fueron paseados por diferentes prisiones secretas de la CIA en distintos países, donde fueron duramente torturados. En el caso del paquistaní Mohammed, quien fue sometido al "submarino" 183 veces, su confesión de que había planificado los atentados de 2001 fue extraída bajo tortura.

Si bien la tortura estaba prohibida por ley, el gobierno de Bush, a través del Departamento de Justicia, autorizó a que se utilizaran "técnicas de interrogatorio avanzadas".

"Por más de 200 años, nuestra nación ha confiado en el fiel cumplimiento del Estado de Derecho para que los criminales enfrenten la Justicia y rindan cuentas a las víctimas. Otra vez más, pondremos nuestro sistema legal ante ese desafío, y estoy seguro de que responderá con equidad y justicia", destacó Holder, quien desestimó que los métodos interrogatorios usados vayan a impedir procesamientos exitosos.

Holder informó también que ya había hablado con el gobernador del estado de Nueva York, David Patterson, y con el alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, para garantizarles que todas sus preocupaciones sobre seguridad serían evaluadas y tenidas en cuenta.

Reacciones
De todas maneras, como era de esperar, la decisión de traer a suelo estadounidense a estos presuntos terroristas de alto perfil provocó fuertes reacciones en contra, sobre todo por parte de familiares de las víctimas de los atentados y de políticos republicanos, aunque también hubo críticas en las filas demócratas.

"Creemos que se trata de un enorme error. Permitir que un terrorista y criminal de guerra tenga la oportunidad de disfrutar los derechos constitucionales estadounidenses es un error y jamás había sido permitido antes", señaló Ed Kowalski, de la fundación Familias del 9/11 por una America Segura, una de las asociaciones de familiares de víctimas.

Por su parte, el senador republicano de Texas John Cornyn, expresó su preocupación por tratar a estos sospechosos como criminales normales y no juzgarlos en cortes militares. "Los ataques del 11 de Septiembre fueron un acto de guerra. Regresar a un enfoque de lucha antiterrorista anterior a esa fecha y traer a estos peligrosos individuos a suelo estadounidense compromete innecesariamente la seguridad de los estadounidenses", dijo.

En tanto, para la American Civil Liberties Union (ACLU), la institución defensora de los derechos civiles más importante del país, la medida ayudará a recobrar la confianza en el sistema legal del país.

"Se trata de una gran victoria para restaurar el debido proceso y el Estado de Derecho, así como para reparar la imagen internacional de Estados Unidos, una parte esencial de nuestra seguridad nacional. Habría representado un enorme golpe a los valores si hubiésemos juzgado a estos acusados en medio de un proceso plagado de problemas legales", afirmó Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU.