Avanza la causa que involucra a los Kirchner. El juez Ercolini pidió a Migraciones el detalle de los reiterados viajes del ex funcionario a ese país.
La pesquisa se está centrando en Claudio Uberti, un ex funcionario de llegada directa a la Casa Rosada.
Investigan los reiterados viajes a Caracas desde 2003 en adelante.

La reciente denuncia de supuestos sobornos exigidos a los empresarios argentinos que pretendían exportar a Venezuela le dio un nuevo impulso a la causa en la que se investiga a Néstor y Cristina Kirchner y a su entorno por "asociación ilícita".

La pesquisa se está centrando en Claudio Uberti, un ex funcionario de llegada directa a la Casa Rosada: el juez federal Julián Ercolini pidió ayer a la Dirección Nacional de Migraciones un detalle de sus reiterados viajes a Caracas desde 2003 en adelante.

En lo formal, Uberti dirigía el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), pero era, además, el que manejaba los negocios con el gobierno de Hugo Chávez. Le había delegado esa función el ministro de Planificación, Julio De Vido.

Junto con el pedido a Migraciones, Ercolini firmó también, a última hora de ayer, un oficio dirigido a la Secretaría de Agricultura de la Nación para que le remitiera "todas las constancias" relativas a las exportaciones realizadas en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y la Argentina.

Ambas medidas habían sido solicitadas por el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, y son consecuencia de la declaración del ex embajador en Caracas Eduardo Sadous, que la semana pasada, bajo juramento, dijo que empresarios argentinos del sector de la maquinaria agrícola le habían asegurado que en el Ministerio de Planificación les habían exigido "retornos".

Sadous declaró entonces que la relación comercial con Venezuela la manejaba Uberti en forma paralela a la Cancillería.

Fue como consecuencia de este testimonio que Pollicita pidió en la mañana de ayer 13 medidas de prueba; entre ellas, los informes a Agricultura y Migraciones.

En su presentación, la fiscalía había solicitado además que se requiriera un detalle de los viajes a Venezuela del ministro de Planificación, Julio De Vido; del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; de los ex secretarios de Agricultura Carlos Cheppi y Javier de Urquiza, y de José Olazagasti, secretario privado de De Vido. Por el momento, Ercolini sólo ordenó la medida respecto de Uberti.

"El ciento por ciento de sus viajes fueron oficiales", dijo a LA NACION Diego Pirota, su abogado defensor, que anunció que prepara una denuncia penal contra Sadous por falso testimonio.

"Todos los viajes están justificados por decretos presidenciales o resoluciones ministeriales. Presentamos los documentos en la causa de la valija y volveremos a presentarlos si hace falta", afirmó.

Uberti tomó notoriedad pública por haber sido uno de los pasajeros del vuelo de Guido Antonini Wilson en el que se descubrió el maletín con 800.000 dólares. El escándalo lo obligó a renunciar, en agosto de 2007. El era el responsable de ese viaje.

En su escrito de ayer, el fiscal pidió también que se hiciera efectiva una "orden de presentación" al Ministerio de Planificación para que informara si Uberti había ejercido "la representación de la cartera" o había desempeñado "alguna función particular" en relación con el Convenio y explicara si había tenido "una designación formal en tal sentido".

Reclamó, además, que el ministerio dijera qué funcionarios integraron las comitivas y cuáles fueron las agendas para cada uno de los viajes.

Por el momento, el juez no librará ese pedido. Planificación acaba de presentar una serie de documentos y Ercolini quiere analizarlos antes.

Tampoco citará aún como testigo a la ministra de Defensa, Nilda Garré, que sucedió a Sadous en la embajada, ni a Luis Juez, que ayer dijo haber recibido quejas de empresarios por pedidos de coimas; otras dos medidas solicitadas por el fiscal.

Ercolini sí planea, en cambio, disponer esta semana las otras pruebas sugeridas por Pollicita, informó a LA NACION un funcionario que trabaja en la causa. Entre ellas, la citación de empresarios a los que, de acuerdo con los relatos recogidos en el expediente, les habrían pedido sobornos.

También, la ampliación de la declaración del ex agregado comercial en Caracas Alberto Alvarez Tufillo. El informó el año pasado a la Justicia que hubo ocho cables diplomáticos reservados, cruzados entre la delegación argentina y la Cancillería, sobre irregularidades en el manejo de un fideicomiso multimillonario con Venezuela.

Cuando se presentó ante Ercolini, Alvarez Tufillo apuntó contra Uberti: sostuvo que era el coordinador de aquel fideicomiso y que en 2005 lo había llamado para que le dijera al entonces embajador, Sadous, que dejara de meterse.

Sadous había firmado un duro cable que hablaba de "corrupción" en el gobierno de Chávez y denunciaba la desaparición de 90 millones de dólares del fideicomiso. La maniobra habría consistido en sacar ilegalmente los fondos, venderlos en el mercado negro del dólar, recomprarlos en el oficial y quedarse con 13 millones de dólares.

La defensa de Uberti sostiene que todo eso es irrelevante para la causa. Alega que lo que haya hecho Venezuela con el dinero no es responsabilidad del gobierno argentino.

Lo cierto es que el caso del fideicomiso fue el punto de partida de esta nueva investigación de supuestas coimas. Forma parte de una causa mucho más grande, que busca determinar, además, si "empresas amigas" del kirchnerismo fueron beneficiadas con la concesión de obras públicas, el manejo de áreas petroleras y la explotación del juego.

El expediente se inició por una denuncia de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que ayer dijo que hoy volverá al juzgado para pedir nuevas medidas de prueba.

LA CIFRA - 500 millones de dólares

Es el monto del convenio de exportación de maquinaria agrícola entre la Argentina y Venezuela.

CLAVES

Negociación. Por el lado argentino, dos de los funcionarios que realizaron tratativas y viajaron varias veces al país caribeño fueron Javier De Urquiza, que en ese momento se desempeñaba como subsecretario de la cartera de Agricultura, y Carlos Cheppi, ex secretario de Agricultura, entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y ferviente admirador de Chávez.

El INTA capacitó a técnicos venezolanos.

Cámara empresarial.

En el país, 35 empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola participaron de las primeras exportaciones.

Embarque en problemas.

El primer barco que partió con casi 500 máquinas, en 2006, estuvo varado más de 40 días en Río de Janeiro por una rotura.


Paz Rodríguez Niell
LA NACION