Es lo que pagaron firmas argentinas a los intermediarios en las operaciones que investiga la Justicia para saber si encubrieron coimas.

Era un negocio muy próspero: los gestores exclusivos para concretar las exportaciones de maquinaria agrícola a Venezuela cobraron en tres años 43 millones de dólares por sus servicios, que ascendían al 15 por ciento del total de la venta.

La magnitud de esa comisión alentó las sospechas de la Justicia, sobre todo desde la reciente declaración testimonial de Eduardo Sadous, ex embajador argentino en Caracas, que habló de coimas de -justamente- 15 por ciento en ventas enmarcadas en los convenios bilaterales que firmaron desde 2004 Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

El monto total de las comisiones -un servicio que usualmente no supera el 3% del embarque- surge de la información aportada por empresas del sector y por una de las gestoras que participó de las operaciones que ahora investiga la Justicia.

Madero Trading, la intermediaria radicada en la Argentina que entró en el negocio en 2008, hizo saber a LA NACION que sólo participó de esas gestiones durante seis meses y que cobró apenas 500.000 pesos, aunque había firmado un contrato para actuar en ventas que alcanzaban los 70 millones de dólares.

En esa firma confirmaron que el grueso de las comisiones las cobró Palmat International, con sede principal en Miami, que empezó a operar como agente exclusivo en 2006, en el inicio del convenio bilateral de intercambio de combustible venezolano por maquinaria argentina. Su participación costaba el 15 por ciento del total de la venta, de acuerdo con lo pactado con la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma).

Entre 2006 y 2008, se exportaron a Venezuela bajo esa modalidad productos por 292 millones de dólares, según datos oficiales.

Madero Trading se sumó a las operaciones luego de firmar un contrato con la Cafma, en abril de 2008, al que accedió LA NACION. Las empresas del sector se comprometían a pagarle el tres por ciento de las ventas por sus servicios de logística en Buenos Aires.

Fuentes relacionadas con la historia indicaron que los productores argentinos pidieron que hubiera un gestor en la Argentina, luego de algunas complicaciones en los envíos de maquinaria durante los primeros años, en los que Palmat era el agente exclusivo. Cuando se sumó a Madero, Palmat pasó a cobrar un 12 por ciento por sus servicios.

Madero Trading fue creada por José Ernesto Rodríguez, ex gerente de Desarrollo de Impsa (Pescarmona) que dejó esa compañía para dedicarse a las operaciones de intermediación. Fue un ejecutivo de mucha presencia en los negocios de Pescarmona en Venezuela y era conocido por los funcionarios encargados de esa relación.

Palmat International está radicada en Miami. En 2007, poco después del escándalo de la valija de Antonini Wilson, empezó a facturar sus servicios desde una filial en Panamá. Y en 2008 "compartió" las comisiones con Madero Trading.

LA NACION intentó contactar a los dueños de Palmat y obtuvo respuesta vía e-mail del argentino-venezolano Roberto Wellisch, su dueño, pero se excusó de hablar en este momento (ver aparte).

Crecimiento exponencial
La declaración judicial de Sadous volvió a dejar bajo sospecha toda la relación comercial entre la Argentina y Venezuela, que tuvo un crecimiento exponencial desde 2004.

En ese año, Néstor Kirchner y Hugo Chávez firmaron el primer convenio que creó un fideicomiso desde el cual se intercambian combustible venezolano y productos industriales y agropecuarios de la Argentina. Ese fideicomiso tiene movimientos del orden de los 750 millones de dólares al año, según declaró a LA NACION días atrás el ministro de Planificación, Julio De Vido.

El lunes pasado, el ex defensor del pueblo Eduardo Mondino sacó a la luz un viejo expediente en el que se denunciaban como presuntas coimas los servicios de intermediación facturados por las gestoras. Los documentos están en la Justicia desde el jueves.

Ante las primeras publicaciones que los ligan al caso, los dueños de Madero Trading hicieron llegar a LA NACION documentos y explicaciones sobre su actuación.

Transmitieron que el contrato firmado abarcaría ventas cercanas a 70 millones de dólares, de las que ellos debían cobrar el tres por ciento (más de dos millones de dólares). Pero sólo llegaron a cobrar 500.000 pesos antes de desvincularse, en septiembre de 2008, porque las operaciones eran "inmanejables".

Los contratos eran exclusivamente entre privados: sólo se mencionaba a los gobiernos al señalar que las ventas se harían en el contexto de los convenios bilaterales. La justicia federal intenta determinar ahora eventuales relaciones entre los intermediarios y funcionarios argentinos.