El magistrado quiere avanzar sobre la pista de quién dio la orden al ex policía de la Federal y empleado del Gobierno de Mauricio Macri para escuchar a Sergio Burstein. Y no descarta citar a más funcionarios.

Como policía federal e incluso luego de su baja, el espía Ciro James realizó escuchas ilegales a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA. Así quedó acreditado por el juez Norberto Oyarbide, quien anoche lo procesó con prisión preventiva por los delitos de “falsedad ideológica reiterada en concurso con violación de secretos y usurpación de títulos”. El magistrado también dictó procesamiento para dos de los tres policías de Misiones imputados, Raúl Rojas y Diego Guarda, quienes quedarán en libertad. La investigación apuntará ahora a develar quién dio la orden para el espionaje. En ese escenario, es posible que el próximo en ser citado a indagatoria sea el ex jefe de la Metropolitana, Jorge “El Fino” Palacios. Oyarbide tampoco descartó llamar a declarar a otros funcionarios porteños.

James, Rojas y Guarda fueron eslabones fundamentales de una maniobra para intervenirle el teléfono a Burstein y al empresario Carlos Ávila. Siempre con el mismo modus operandi, el ex policía de inteligencia utilizó causas preexistentes para ordenar las escuchas. Mientras retiraba los casettes con las conversaciones, James estaba contratado por el Ministerio de Educación porteño en un puesto que ningún funcionario supo explicar. De allí partió a la Policía Metropolitana, de la mano del Fino Palacios, con quien mantuvo más de 150 charlas telefónicas desde la sede de esa fuerza.

Después de largas horas de análisis de las pruebas, Oyarbide decidió anoche procesar y dejar tras las rejas a James, ya que considera que el joven abogado cuenta con los recursos suficientes para entorpecer la tarea de la Justicia y que, de quedar en libertad, podría escapar.

Según la hipótesis que sigue el juzgado, las tareas de espionaje necesitaron de la pata misionera para ponerse en funcionamiento. De esa tarea se habrían encargado los tres miembros de la policía provincial -el titular de Homicidios, Rojas; el oficial de inteligencia, Guarda, y el comisario Rubén Quintana– involucrados en el armado de la causa trucha que justificó las escuchas.

El juez también intenta desenredar el ovillo judicial que anudaron los dos jueces misioneros, José Luis Rey y Horacio Gallardo, a cargo de las causas por homicidios en las que se pidieron las escuchas. Sospechosamente, ninguno de los dos magistrados aceptó por ahora entregarle a Oyarbide las copias de las intervenciones telefónicas. Y uno de ellos se escapó por la ventana cuando funcionarios del juzgado federal esperaban en los tribunales de Misiones para retirar la documentación.

Mientras Oyarbide definía la situación procesal de James, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, insistía ante los medios con la versión del “boicot” contra el lanzamiento de la Policía Metropolitana. La denuncia contra los supuestos responsables de esa operación, el Ejecutivo nacional y la Policía Federal, tampoco se presentó ayer, tal como adelantó el propio Mauricio Macri la semana pasaba. El procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, dijo ayer a Crítica de la Argentina que la denuncia estaría lista para hoy.

En paralelo al expediente judicial, los legisladores de la oposición intentaban ponerse de acuerdo en la creación de una Comisión Investigadora, que confirme si existen otros casos análogos al de James en el gobierno de la Ciudad.

Fuente: Crítica -