El gobierno de Irán se negó a que el juicio se hiciera en un tercer país y acusó a la Argentina de financiar terroristas. Por el momento no hay avances en el esclarecimiento de la violento explosión que destruyó la Mutual de la Amia.

Con duras críticas a la Justicia local y una acusación contra las autoridades argentinas de colaborar con el terrorismo, el gobierno iraní rechazó formalmente la petición del gobierno de Cristina Kirchner de sustanciar el juicio por el atentado contra la AMIA en un tercer país.

La Presidenta había propuesto esa alternativa al hablar ante la asamblea anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mes pasado.

Por medio de un escrito presentado en la ONU, el régimen del presidente Mahmoud Ahmadinejad sostuvo que no existen acuerdos jurídicos de cooperación bilateral para concretar ese tipo de procedimientos, calificó de "falsa acusación" los cargos presentados en la investigación local contra ocho ciudadanos iraníes y tildó de "procedimiento arbitrario" la investigación que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Además, sin dar precisiones, acusó a las autoridades argentinas de ser responsables de violaciones del derecho diplomático por la comisión de presuntas escuchas telefónicas a la embajada iraní en Buenos Aires y de "haber colaborado con grupos terroristas, en particular con la conocida Organización Mujaidines, cuyas actividades terroristas mataron e hirieron a miles de civiles iraníes inocentes".

La presidenta Kirchner reaccionó con cautela al comunicado. "Me parece que lo más prudente es leerlo, analizarlo bien y luego emitir una opinión", dijo escuetamente la jefa del Estado, en lo que fue la única reacción oficial. Según explicaron a LA NACION altas fuentes oficiales, debido al tenor de las acusaciones, la respuesta de la Argentina se dará a conocer en el transcurso de los próximos días, luego de que la Cancillería, conducida por Héctor Timerman, analice los pormenores de la misiva oficial iraní y defina una estrategia legal y diplomática por seguir.

El silencio argentino contrastó con el enérgico pronunciamiento del gobierno israelí. La directora general de la cancillería israelí para América latina y el Caribe, Dorit Shavit, aseguró que tanto en la Argentina como en Israel se sabe que "Irán planificó los atentados contra la sede de la AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires".

La respuesta del gobierno de Teherán figura en una comunicación oficial que el representante permanente de Irán ante la ONU, Mohammad Khazaee, envió al secretario general del organismo, Ban Ki-moon. La carta está fechada el 28 de septiembre último, pocos días después del discurso de Cristina Kirchner ante la ONU, pero recién ayer cobró estado público.

El rechazo a la propuesta argentina es tajante. "A falta de un acuerdo jurídico sobre cooperación judicial entre los dos países, y mientras las autoridades argentinas mantengan su falta de disposición a negociar instrumentos de este tipo o, cuando menos, a facilitar pruebas que sustancien sus acusaciones contra ciudadanos iraníes, cualquier petición de cooperación judicial es insostenible", dice el texto.

Acusaciones
Altas fuentes diplomáticas locales expresaron su preocupación por los ataques formulados por Irán respecto del hipotético financiamiento al terrorismo antiiraní. "Es todo un invento, nunca habían hablado de esto antes. Se hizo con el único objeto de justificar el rechazo de un camino jurídico que los compromete", evaluó un diplomático familiarizado con la causa.

Sin aportar mayores precisiones, Irán acusó a las autoridades argentinas de "haber prestado apoyo financiero" a la Organización Mujaidines Jalq y de "haber pagado sobornos para inducir testimonios inventados contra ciudadanos iraníes", aunque no estableció ni a qué administración se refería ni en qué año se habrían concretado estas acciones.

En un siguiente párrafo, de todos modos, formula una acusación elíptica contra el gobierno de Carlos Menem. El texto insta a la actual administración nacional a que "desista de reiterar improcedentes hipótesis y lugares comunes inventados por una administración corrupta en la década de 1990 para encubrir a los autores reales" del atentado.

Las acusaciones no terminan allí. Además, en la carta se sindica a las autoridades como responsables "en virtud del derecho internacional" de "numerosas violaciones del derecho diplomático" y se menciona, en particular, "la escucha de comunicaciones de la embajada iraní en Buenos Aires". Irán pide en el texto "hacer rendir cuentas de sus actos a las personas implicadas en esos actos ilegales".

La misiva iraní comienza con una descalificación de las acusaciones argentinas. Luego, desvincula a los ocho ex funcionarios acusados por la justicia argentina en la causa que instruye Canicoba Corral. "El gobierno de Irán -señala la carta enviada a la ONU- se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión de la AMIA."