Con gritos de “victoria popular”, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó el viernes 17/12, 18 meses de poderes especiales al presidente Hugo Chávez para gobernar por decreto. La oposición afirma que es una decisión autocrática.

Hugo Chávez Frías firmó para su promulgación la Ley Habilitante, aprobada en emergencia parlamentaria por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.

Chávez agradeció a la Asamblea Nacional que extendiera sus facultades para promulgar decretos-ley, sin consulta con el Poder Legislativo, durante 18 meses.

Chávez la había solicitado por 12 meses.

Tras promulgar la ley, Chávez dijo a sus críticos que la calificación de “leyes de dictadura” son sólo “fariseísmo político”.

Chávez advirtió que los diputados nacionales electos por la oposición a su Revolución socialista “no podrán hacer ni una ley pitiyanqui” una vez que asuman sus cargos a partir del 05/01/2011.

Chávez solicitó 12 meses para legislar por decreto, pero la Asamblea decidió incrementar hasta junio del 2012 aquellos poderes justificando la necesidad de atender la emergencia suscitada por fuertes lluvias que dejaron pérdidas millonarias, unos 40 muertos y 130.000 damnificados en el país petrolero.

“La ley autoriza al Presidente para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan por un lapso de duración de 18 meses”, dijo la presidenta de la Asamblea, la genuflexa Cilia Flores, al aprobar la norma.

Es la 4ta. oportunidad en que Chávez apela a una ley Habilitante en sus 11 años de Gobierno. En 1999 gobernó por decreto durante 6 meses; en 2000 durante 1 año y en 2007-2008 por 1 año y medio.

Y pese a esos amplios poderes, Venezuela se encuentra cada vez más complicada en lo económico-social, padece una inflación récord y nada indica que podrá modificiarlo.

La Ley Habilitante permitirá a Chávez legislar en materia tributaria, seguridad y defensa e infraestructura.

Sin embargo la oposición, renovada tras arrebatarle a Chávez la mayoría calificada en el Legislativo, duda del verdadero motivo de la norma y augura que el gobernante la utilizará para atar de manos a la nueva Asamblea que tomará posesión en enero del próximo año.

“Esta no es una Ley Habilitante, es una ley para implementar el paquetazo de leyes que ustedes (oficialismo) están aprobando en diciembre y que nada tienen que ver con la atención de la tragedia”, dijo en el hemiciclo el parlamentario Ismael García, del partido opositor Podemos.

Pero Chávez dijo en la noche del viernes que “lo que está ocurriendo en estos días (en la Asamblea) es sólo un anticipo, un preludio de lo que se va a convertir la Asamblea: un campo de batalla”.

“La delegación de poderes de esta Asamblea moribunda es inconstitucional: un Parlamento puede delegar poderes en el Ejecutivo, pero lo que no puede es otorgar esos poderes más allá de su propio período de vida”, dijo a Reuters el editor del diario opositor Tal Cual, Teodoro Petkoff.

“Todas las medidas que el Presidente está tomando (…) profundizan la tentación totalitaria del Gobierno, del control de la sociedad, pero también ensanchan el camino hacia la dictadura”, agregó.

El Gobierno estima que requerirá de US$ 10.000 millones para cubrir las pérdidas causadas por el fuerte temporal que golpeó el país.

Analistas y fuentes parlamentarias consideran que Chávez utilizará los poderes especiales para crear nuevos tributos e incrementar los existentes, en un paquete económico que trastocaría el consumo e incluso podría involucrar una devaluación del bolívar.

Chávez ya adelantó que una de las leyes del paquete que piensa poner en vigencia por decreto es el alza del impuesto al Valor Agregado (IVA). El incremento de la alícuota atizaría la inflación que se encuentra concluyendo el año en más de 25%.

Chávez dijo que también apunta a “implementar” planes de vivienda y sobre la propiedad de terrenos en zonas urbanas y rurales, por lo que según analistas nuevas expropiaciones estarían a la vista.

A inicios de noviembre, Chávez ordenó la expropiación de miles de viviendas bajo la acusación de que las constructoras estafaron a los compradores al pedirles pagos excesivos y demorar la entrega de esas unidades habitacionales.

En Venezuela se estima que existe un déficit de 2 millones de viviendas, y ese 'rojo' crece a un ritmo de 200.000 unidades por año.

La delegación

La Ley aprobada autoriza al Presidente de la República a que, en Consejo de Ministros, dicte Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, de acuerdo con las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan, de conformidad con el último aparte del artículo 203 y el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas son las siguientes:

1. En el ámbito de la atención sistematizada y continua a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros eventos producidos por la problemática ambiental. En esta materia se dictarán normas que regulen los modos de proceder de autoridades públicas o entidades privadas, ante calamidades, emergencias, catástrofes u otros hechos naturales que exijan medidas inmediatas de respuesta.

2. En el ámbito de la infraestructura, transporte y servicios públicos. Se busca dictar normas en materia de realización de obras de infraestructura, tales como urbanismos, servicios, edificaciones educativas y de salud, vialidad, puertos, aeropuertos y para la optimización de los sistemas de transporte.

3. En el ámbito de la vivienda y hábitat. Se dictarán o reformarán normas referido a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, segura, cómodo, higiénica y con servicios básicos

4. En el ámbito de la ordenación territorial, el desarrollo integral y del uso de la tierra urbana y rural. Permitirá dictar o reformar normas que permitan diseñar una nueva regionalización geográfica en algunas regiones, regular la creación de nuevas comunidades y la conformación de las comunas.

5. En el ámbito financiero y tributario. Dictar normas para adecuar el sistema financiero público y privado a los principios constitucionales y, en consecuencia, modernizar el marco regulatorio de los sectores tributario, impositivo monetario, crediticio, del mercado de valores, de la banca y de los seguros.

6. En el ámbito de la seguridad ciudadana y jurídica. Dictar o reformar normas destinadas a la organización y funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana, del sistema policial y de protección civil.

7. En el ámbito de seguridad y defensa integral. Dictar o reformar normas que establezcan la organización y funcionamiento de las instituciones y los asuntos relacionados con la seguridad y defensa integral de la Nación.

8. En el ámbito de la cooperación internacional, dictar o reformar normas e instrumentos destinados a fortalecer las relaciones internacionales de la República.

9. En el ámbito del sistema socioeconómico de la Nación. Dictar o reformar normas que desarrollen los derechos consagrados en el titulo VI de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

En este contexto, Ramón Sahmkow escribió para la AFP (Agencia France Presse):

"(...) La ley que habilita a Chávez a dictar leyes se aprobó en sólo 3 días gracias a la mayoría aplastante de los adeptos del mandatario en la Cámara desde 2005, y cuando falta menos de un mes para que entre en funciones una nueva Asamblea Nacional (Parlamento), en la que tomarán parte 67 diputados opositores sobre un total de 165.

“Sencillamente eso es una burla para todo nuestro pueblo, incluyendo a los que votaron el 26 de septiembre por los diputados del partido del Gobierno Nacional”

“La voluntad popular se expresó y dijo que quiere una Asamblea plural, pero el presidente decide que ‘no’, que él va a gobernar por decreto”, dijo a la AFP el psicólogo social Ángel Oropeza.

El mandatario venezolano solicitó la semana pasada de manera urgente estos poderes especiales para legislar con el fin de atender la emergencia provocada por las lluvias torrenciales de las últimas semanas, que dejaron un saldo de 38 muertos y más de 130.000 damnificados.

Pero la medida es criticada dentro y fuera de Venezuela como un atentado contra la voluntad popular, que se manifestó en las pasadas elecciones de septiembre en las que se eligió una nueva Asamblea Nacional, que tomará posesión el 5 de enero.

“Sencillamente eso es una burla para todo nuestro pueblo, incluyendo a los que votaron el 26 de septiembre por los diputados del partido del Gobierno Nacional”, opinó el opositor Henrique Capriles, gobernador del Estado Miranda (norte).

Por su parte, el opositor Julio Borges, diputado elegido en septiembre, acusó a Chávez de perseguir con esta ley “más poder sobre el pueblo”.

“El abuso de poder de Hugo Chávez en los últimos días demuestra que el proceso de la configuración de una dictadura en Venezuela se viene estableciendo con un claro rostro”, denunció el diputado electo Alfredo Ramos.

El vocero del Departamento de Estado de USA, Philip Crowley, estimó el miércoles que Chávez está socavando “la voluntad del pueblo de Venezuela”. “Parece estar hallando nuevas y creativas maneras de justificar poderes autocráticos”, agregó.

Luego de haber aprobado más de un centenar de leyes por su cuenta en 2000, 2001 y 2008, el mandatario venezolano obtiene por cuarta vez poderes especiales para legislar, una potestad que también es vista con recelo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El primer propósito político del conjunto de leyes es desmoralizar a la oposición” y hacerle ver que “el gobierno va a seguir avanzando hacia la construcción del socialismo, y que no va a haber nadie que lo pueda detener”, dijo a la AFP el analista político John Magdaleno.

Para Oropeza, la solicitud de poderes legislativos excepcionales forma parte además de una conducta del gobierno de “desacatar” decisiones electorales adversas.

“Es causa y consecuencia de un divorcio entre Chávez y la gente. Es un gobierno que siente que no puede confiar en la gente y tiene que estar a espaldas de la gente”, aseguró el analista.

Para ser aprobada, la ley que dio poderes legislativos al Ejecutivo necesitó del visto bueno de tres quintos de los diputados, la misma cantidad requerida para ser eventualmente derogada. En el próximo Parlamento, ningún bloque tendrá esa mayoría calificada. (...)".