Los jubilados y pensionados recibirán en marzo una recomposición del 17,33% en sus haberes por la aplicación de la ley de movilidad previsional, que ordena otorgar ajustes en el tercer y en el noveno mes de cada año.

Ley de movilidad. Aumentarán en marzo; también lo harán los aportes de autónomos y asalariados de mayores ingresos.

Con el aumento anunciado ayer por el Gobierno, el haber mínimo mensual, en bruto, pasará de $ 1046,44 a $ 1227,78, en tanto que el ingreso máximo subirá de $ 7666,37 a $ 8994,95. Sólo para quienes perciben la jubilación mínima más el subsidio del PAMI, el ingreso mensual llegará a $ 1272,78.

Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), son 5,44 millones los pasivos del sistema jubilatorio de la Nación que percibirán la mejora de haberes. La suba también llegará a los 1,04 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas, que cobran el 70% de la jubilación mínima, con lo cual recibirán desde marzo $ 859,45.

Además, tal como prevé la ley 26.417, se incrementarán desde el mismo mes los aportes al sistema de seguridad social que pagan los inscriptos en el régimen de autónomos: el aporte de la categoría más baja de la escala aumentará a $ 227,76 y el de la más elevada, a $ 1096,09 (en todas las categorías el monto subirá un 17,33 por ciento).

A su vez, se elevará en igual proporción el salario máximo para calcular los aportes a la jubilación (del 11%) y a la obra social y al PAMI (del 3% cada uno) que rige para los empleados bajo relación de dependencia. Ese tope pasará de $ 11.829,21 a $ 13.879,25 y el descuento máximo mensual irá de $ 2010,97 a $ 2359,47. En parte, esa diferencia podría ser compensada por una menor retención del impuesto a las ganancias, ya que los aportes se deducen del ingreso sujeto al impuesto.

El anuncio sobre el aumento jubilatorio fue realizado ayer por la tarde por la presidenta Cristina Kirchner en un acto del que participaron los ministros de Economía y de Trabajo, Amado Boudou y Carlos Tomada; el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio; el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.

La noticia fue difundida un día en que la agenda económica estuvo dominada por temas que revelan la preocupación del Gobierno ante la difusión de datos que reflejan el alza generalizada de precios. La inflación, cuyo nivel los funcionarios buscan minimizar, deteriora el poder adquisitivo de los ingresos, tanto de los activos como de los jubilados.

El porcentaje de incremento otorgado a los beneficiarios de la Anses se determina según una fórmula que contempla la evolución general de los salarios de los trabajadores del último semestre, y del aumento de la recaudación de los impuestos que, por ley, están parcialmente destinados a financiar prestaciones de la seguridad social.

El impacto estimado del alza anunciada ayer es de $ 1323,27 millones mensuales, según la Anses.

Desde marzo de 2009, el primer mes en que se aplicó la ley de movilidad jubilatoria, el aumento otorgado acumula un 77,94%, según destacó un informe del citado organismo.

Según índices estimados por consultoras privadas -que son muchas veces inferiores a los que consideran los sindicatos para sus reclamos de aumento salarial-, en los últimos dos años los precios subieron en promedio alrededor de un 45%, con un impacto más fuerte en los bienes básicos. Así, los ajustes dados por movilidad superan esas alzas de precios, pero la cuantía de los ingresos sigue siendo muy baja en su relación con los salarios activos.

La deuda pendiente
Por otra parte, el Gobierno sigue manteniendo una fuerte deuda con cientos de miles de jubilados, por no haber aplicado ajustes -o haberlo hecho en forma insuficiente- entre 2002 y 2006, años en que la inflación iba recortando mes a mes el valor real de los ingresos. Esa deuda estatal, ya reconocida por la Corte Suprema de Justicia, implica la necesidad de un reajuste que en algunos casos llega al 70% de los haberes. Pero para obtener el reconocimiento los jubilados se ven obligados a litigar.

La ley de movilidad fue aprobada en 2008 y comenzó a instrumentarse en 2009 luego de que en 2006 los jueces supremos ordenaron al Gobierno su sanción para evitar que continuara el deterioro de los ingresos por efecto de la inflación.

Silvia Stang
LA NACION