Inquietud por el destino de causas sensibles. El juez federal pidió tener acceso al expediente para ver si hay nexos con el caso de la mafia de los medicamentos.

El juez federal Norberto Oyarbide pidió que le sean remitidas las pesquisas por el tráfico de 944 kg de cocaína a España y por el asesinato del gremialista Roberto Roger Rodríguez, para buscar posibles conexiones con la megacausa de la mafia de los medicamentos, que él investiga.

Fuentes judiciales confirmaron ayer que el magistrado solicitó los expedientes ad efectum videndi, esto es, para poder verlos y analizarlos, pero sin poder tomar aún medidas en relación con ellos.

De todos modos, la posibilidad de que un juez considerado cercano al Gobierno pueda intervenir en causas que involucrarían a funcionarios causó inquietud en medios tanto políticos como judiciales.

No obstante, Oyarbide encontraría escollos: la causa en la que el juez en lo penal económico Alejandro Catania intenta establecer si la droga secuestrada en Barcelona salió de la Argentina está bajo secreto de sumario.

Y la del homicidio del tesorero del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad es objeto de un conflicto de competencia entre el juez de la Capital Javier Ríos, que intervino en el caso porque Rodríguez fue secuestrado en un club de Villa Urquiza, y el juez de garantías con competencia en la localidad bonaerense de Bella Vista, partido de San Miguel, donde el gremialista fue ejecutado de un tiro en la cabeza, el 26 de enero pasado.

Días atrás, Oyarbide manifestó públicamente que no se debía descartar la eventual vinculación entre la causa de la mafia de los medicamentos y el homicidio de Rodríguez.

De hecho, el Sindicato de Trabajadores de Maestranza fue uno de los lugares allanados en función de la investigación sobre la comercialización de medicamentos adulterados, vencidos o robados y el cobro irregular de reintegros del Estado en tratamientos complejos, en la que están bajo la lupa varias obras sociales sindicales.

Esta investigación, tal como oportunamente había ocurrido con la del triple crimen de General Rodríguez, ocurrido en agosto de 2008, dejó al descubierto la relación incierta entre un buen número de firmas y empresarios farmacéuticos con los fondos de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Aquellas declaraciones de Oyarbide estaban en sintonía con el dictamen del fiscal federal que impulsa la acción en ese caso, Luis Comparatore, quien sostuvo la semana pasada: "Teniendo en cuenta la íntima conexión [entre las dos investigaciones] que, a lo largo de estos días, se ha ido revelando, considero que se impone la necesidad de tramitar ambos procesos ante una misma sede".

Antes de eso, el propio Comparatore había requerido a Oyarbide que "certificara" el estado en que se encontraba la investigación local derivada del secuestro en el aeropuerto catalán de El Prat de casi una tonelada de cocaína estibada en el lujoso avión Bombardier Challenger 604 tripulado por los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret, actualmente detenidos.

El caso del narcojet dejó al descubierto falencias en los controles de entradas y salidas de mercaderías y personas en los aeropuertos, y reveló una sorda disputa entre la Fuerza Aérea, otrora a cargo de todo el sistema aerocomercial en el país, y su sucesora, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC); el centro de la polémica es la responsabilidad por el control efectivo de movimientos en la Base Aérea de Morón, donde el jet estuvo 54 días, tiempo en el que, se presume, fueron estibados por un ingeniero aeronáutico los 944 kilos de droga dentro del Challenger

Mientras declaraban decenas de militares y de empleados aeronáuticos civiles ante el juez Catania (y, actualmente, ante quien lo reemplaza temporalmente, Rafael Caputo), la causa permaneció en secreto de sumario, a la espera de que las autoridades españolas remitan, por vía consular, la información técnica que permitirá establecer de forma indubitable cuándo y, en consecuencia, dónde fueron cargados los 944 kilos de cocaína en el jet de los Juliá.

Anoche, el canal de noticias TN informó, invocando declaraciones de la esposa de Miret, que en España Gustavo Juliá se habría hecho responsable del contrabando de la droga y habría admitido que había sido cargada en la base de Morón.

Posibles conexiones

Si la posible conexión entre el asesinato del tesorero de Maestranza y la causa que se desarrolla en el seno mismo de algunas de las más importantes obras sociales sindicales parece bastante directa, es más difícil, en el actual estadio de la investigación, precisar cuáles son los nexos entre la mafia de los medicamentos y el caso del narcojet.

En su dictamen, el fiscal Comparatore mencionó a tres personajes relacionados con Sebastián Forza, asesinado en agosto de 2008 junto con sus socios Damián Ferrón y Leopoldo Bina, porque, presuntamente, había intentado quedarse con el negocio de otro en el mercado ilegal de venta de efedrina, precursor químico utilizado en la elaboración de drogas sintéticas como la efedrina.

Forza fue uno de los aportantes a la campaña presidencial del oficialismo en 2007. Su nombre, así como el de empresas a él atribuidas, aparece mencionado dentro del esquema de comercialización de medicamentos adulterados a las obras sociales.

La viuda de Forza, Solange Bellone, fue procesada oportunamente por el presunto lavado de dinero proveniente de la venta de esos remedios. Según informaron fuentes judiciales, el fiscal Comparatore habría puesto su lupa en la eventual relación de Bellone con Gustavo Luaces, hombre relacionado con Medical Jet y Federal Aviation, las dos denominaciones de la misma empresa de taxis aéreos de los Juliá.

"La sospecha es que las actividades de Bellone podrían extenderse hasta tener relación con negocios de los Juliá, pero por ahora es sólo una hipótesis", habían dicho la semana pasada a LA NACION fuentes de la investigación por la mafia de los medicamentos. No obstante, allegados a la viuda de Forza negaron que ella hubiera tenido relación alguna con los Juliá o con Luaces.

Fuente: LaNación -