El máximo dirigente de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, quedó detenido acusado de haber integrado el "emprendimiento criminal" que el 20 de octubre pasado culminó con el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, de 23 años.

La detención fue ordenada cerca de la medianoche del martes por la jueza Susana Wilma López, al cabo de cuatro horas de indagatoria al secretario general del principal sindicato del riel en el quinto piso de Tribunales.

En la misma situación quedó el segundo del sindicato, Juan Carlos "Gallego" Fernández, tras declarar por la tarde durante casi cinco horas.

Ambos fueron formalmente acusados de integrar "un emprendimiento criminal previamente acordado" para evitar un corte de vías, y "aleccionar a los tercerizados", trabajadores de empresas contratistas del ferrocarril que demandaban ser incluidos de pleno derecho en el convenio ferroviario.

Fernández, según revelaron fuentes judiciales, negó los cargos en su contra pese a que testimonios recogidos en la causa indican que estaba en comunicación continua con el grupo que disparó contra los manifestantes entre los que se encontraba Ferreyra.

En las primeras horas de hoy, la jueza indagaba también a un tercer detenido, Gustavo Alcorcel, delegado de los talleres de Remedios de Escalada, donde revistan varios de los integrantes del grupo acusado de la agresión.

Los dos principales dirigentes de la Unión Ferroviaria ahora detenidos regentean además empresas contratistas de las compañías de ferrocarriles que contratan obreros en forma precaria.

Además del crimen de Ferreyra, el 20 de octubre último resultaron heridos de bala otros tres manifestantes, por lo cual están detenidos y procesados siete miembros del grupo agresor, con confirmación de la Cámara del Crimen.

Los tres indagados fueron asistidos en su declaración por el penalista Carlos Froment, que defiende ya a otros dos acusados afiliados a la Unión Ferroviaria.

Dada la hora, Froment postergó hasta la mañana de hoy el pedido de excarcelación de rigor.

Pedraza había sido detenido en la madrugada del martes en su casa de Puerto Madero, donde además la policía buscó documentos que vinculen al sindicalista con la cooperativa de trabajo Unión del Mercosur, una de las contratistas bajo sospecha.

En otros procedimientos, también el martes, fueron apresados Fernández y Alcorcel.

Las detenciones fueron seguidas por la declaración del "estado de alerta y movilización" por parte de la Unión Ferroviaria y protestas que provocaron la paralización de la línea Roca (al sur) y del ramal Retiro-José León Suárez de la línea Mitre (al norte).

Una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo logró desactivar las medidas de fuerza horas más tarde.

El resto de las líneas funcionó con normalidad y en el caso de la estación Constitución, cabecera de la Roca, la Secretaría de Transporte proveyó doscientos colectivos para los usuarios que viajaban al sur bonaerense.

Además, un centenar de afiliados a la Unión Ferroviaria se reunió por la tarde frente al Palacio de Justicia para respaldar a Pedraza.

El fiscal Fiszer solicitó ayer, por otra parte, que se tome declaración indagatoria a cinco policías acusados de haber "dejado actuar" al grupo agresor el 20 de octubre.

Fuentes allegadas a la pesquisa indicaron que Fiszer pidió que se indague al comisario inspector Luis Mansilla, titular del Departamento de Control de Líneas; y al comisario Jorge Ferreyra, jefe de la División Roca de Ferrocarriles, entre otros.

La requisitoria también alcanza al principal Gastón Conti, de la Dirección General de Operaciones; al subcomisario de la Seccional 30, con jurisdicción en la zona del crimen, Rolando Garay, y al agente David Villalba.

Según el representante del ministerio público, los policías tenían "los medios para evitar" el ataque, no obstante lo cual "no ordenaron interrumpir" la agresión, "abandonando a su suerte a las víctimas y poniendo en peligro la vida y la salud de los mismos".