Un descubrimiento que compromete al vicejefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro, en la causa por las escuchas ilegales: la Justicia revisó su computadora y encontró pedidos de informes a una empresa comercial sobre la situación patrimonial y financiera de un grupo de políticos porteños. Había opositores y también macristas, pero lo más llamativo es que en esa lista estaba el jefe de gabinete de la c iudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Esta revelación, incorporada ayer a la causa que lleva el juez Norberto Oyarbide, desconcertó al gobierno porteño. La Nacion se comunicó con los voceros de Chamorro y de Rodríguez Larreta. Ninguno habló del tema. Por la tarde, el jefe de gabinete mantuvo una larga reunión con el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, que hoy irá a ver al juez. Después, según él mismo informó, tomará "la decisión que haya que tomar". Esto significa que Chamorro tiene las horas contadas, explicó, sin eufemismos, una fuente cercana al ministro.

"Si esto es cierto, es grave. Iremos a ver a Oyarbide para interiorizarnos de la causa. Luego nos reuniremos y tomaremos una decisión", dijo Montenegro.

Más allá de lo que pase hoy, Chamorro no seguirá al frente de la policía porteña por mucho tiempo. Ya tiene reemplazante designado, el diputado nacional Eugenio Burzaco (Pro), que estaba previsto que asumiera el mes próximo, una vez terminado su mandato como legislador.

Por orden del juez federal Norberto Oyarbide, hace un mes se habían allanado las oficinas de Security Consulting, que, según los investigadores, compartían Chamorro y su antecesor al frente de la Policía Metropolitana, Jorge "Fino" Palacios. De ese monoambiente de Maipú al 200 se llevaron dos computadoras. En una de ellas, dentro de una carpeta que se llama "Osvaldo", encontraron un usuario y una clave para entrar en la base de datos de la empresa Nosis.

Cuando ingresaron en la página de esta compañía con el usuario y la clave halladas accedieron a las últimas búsquedas realizadas. Fuentes judiciales informaron que allí aparecieron los nombres de varios políticos porteños. Estaban los legisladores de la ciudad Diana Maffía, de la Coalición Cívica; la kirchnerista Silvia La Ruffa, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, y el ibarrista Gonzalo Ruanova.

También, los gremialistas Patricio Datarmini, dirigente del sindicato de los empleados municipales, y Francisco Nenna, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de la Capital, ultrakirchnerista, legislador porteño electo y férreo detractor del macrismo.

Lo desconcertante es que ellos compartían la nómina de los buscados junto con Rodríguez Larreta y con los diputados de Pro Cristian Ritondo y Martín Borrelli.

Reclamos
Ayer, la oposición porteña reclamó una explicación urgente del jefe de Gobierno, Mauricio Macri. "No hay más espacio para que siga en silencio", dijo Aníbal Ibarra. "Su gobierno no sólo espiaba a través de escuchas ilegales, sino que el propio jefe de la Policía Metropolitana se dedicaba a pedir antecedentes de legisladores de la oposición y de funcionarios del oficialismo. Quedó claro que el espionaje es parte de su forma de gobernar", afirmó.

En el mismo sentido, Maffía, una de las buscadas con la clave que tenía Chamorro, declaró: "No puede haber una nueva policía montada sobre las redes de la Policía Federal y sus disputas con la Side. Hay que establecer quiénes son los responsables penales, pero el responsable político de esto es Macri, y debe ir a la Legislatura a explicarnos varias cosas".

Nenna fue aún más duro. "La investigación compromete cada vez más al macrismo, que niega las evidencias. Macri nos tiene a todos en la mira. El Pro se parece mucho a las derechas autoritarias de otras épocas", dijo.

En tanto, Oyarbide sigue avanzando en su investigación sobre las escuchas y ayer pidió el juicio político de los jueces de Misiones Horacio Gallardo y José Luis Rey. Ellos fueron quienes dispusieron las pinchaduras; según las pruebas de la causa, a pedido de Ciro James.

Hay por lo menos ocho víctimas identificadas de este espionaje. Entre ellas están Sergio Burstein, padre de uno de los fallecidos en el ataque a la AMIA; los empresarios Carlos Avila y Alberto Coto, y el cuñado de Macri Néstor Leonardo. Oyarbide citó a ambos jueces a declarar como acusados, pero no se presentaron. Necesita que un juicio político les quite los fueros para poder detenerlos.

Paz Rodríguez Niell
LA NACION