Diferencias entre organismos de derechos humanos kirchneristas.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo consideró que la dirigente de Madres no podía "estar ajena" a la actividad de Schoklender.

Primero fue Adolfo Pérez Esquivel. Luego, el grupo de Madres de la Línea Fundadora. Ahora también la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, marcó distancias con la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, al considerar que no podía "estar ajena" al modo en que se utilizaron los millonarios fondos públicos para construir viviendas.

Pero no se detuvo ahí: dijo que existían "conductas, actitudes y ofensas" que la diferenciaban de Bonafini y lamentó que la gente terminara confundiendo a las Madres con las Abuelas.

Carlotto fue la primera referente de una organización de derechos humanos ligada al kirchnerismo en desligarse de Bonafini, luego de la escandalosa salida del ex apoderado de la Fundación de las Madres, Sergio Schoklender, a quien la Justicia investiga por posible estafa al Estado y lavado de dinero.

"Abuelas es autónoma, es diferente, nacimos en el mismo momento [que las Madres], pero tenemos objetivos, tácticas, disciplinas y actitudes totalmente distintas", sostuvo Carlotto durante una entrevista radial.

No sólo se mostró sorprendida por el escándalo. También ella sorprendió, al preocuparse por la posibilidad de que la gente confunda ambas organizaciones: "Es un momento realmente muy triste, por muchas razones. La más importante quizás es que no nos confundan, a veces dicen abuelas en vez de madres y madres en vez de abuelas".

Carlotto y Bonafini arrastran una difícil relación desde hace años, aunque a partir de la llegada al poder del kirchnerismo suelen compartir las primeras filas en los actos de la Casa Rosada.

La líder de Abuelas enfatizó que existían "conductas, actitudes y ofensas" que la habían distanciado de Bonafini. "No voy a hacer cosas que no sé hacer ni debo. Nosotras tenemos la misión de encontrar 400 nietos lo antes posible. El objetivo no es ser empresarios, sino buscadora de dos generaciones", agregó, en alusión a los proyectos de viviendas por los que las Madres recibieron más de 700 millones de pesos.

Tampoco intentó restarle responsabilidad a Bonafini, como intenta el Gobierno. "Quien dirige la institución no puede estar ajena a lo que pasa o ha pasado", opinó.

Antes de Carlotto, pocas organizaciones de derechos humanos se habían animado a cuestionar el rol empresario que adquirió la Fundación de Bonafini y la falta de controles del Gobierno. De hecho, las entidades más ligadas al kirchnerismo, como Hijos o el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), permanecen en silencio. Ayer esquivaron las consultas de La Nacion o explicaron que no habían "fijado una posición".

Entre las entidades que mantienen su autonomía política, el primero en referirse públicamente al escándalo fue Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia. "La total independencia" de los recursos estatales es "la forma de ser imparcial en las opiniones y las definiciones", sostuvo.

También marcó distancias la Línea Fundadora de las Madres, un grupo que se separó de Bonafini en 1986. Aunque muchas de sus integrantes son cercanas al kirchnerismo, su referente más conocida, Nora Cortiñas, no duda en criticar las medidas que no comparte. Carlotto y Pérez Esquivel la eligieron como ejemplo de "coherencia".

Bonafini fue respaldada ayer por el copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Miguel Monserrat. "Creemos que las Madres han sido sorprendidas de buena fe", indicó a La Nacion, en línea con Emiliano Coradino, del Movimiento de Profesionales para los Pueblos: "Me consta que nada de lo que pasó, si es que pasó algo, fue para el enriquecimiento de Hebe".

Como ellos, Myriam Bregman, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, pidió no confundir el escándalo con la lucha de las Madres. "Pero con el kirchnerismo se metieron en el negocio más corrupto, que es la obra pública", dijo, para subrayar: "El Gobierno buscó esterilizar las organizaciones de derechos humanos para que no denuncien las violaciones del presente".

Con colaboración de Mauricio Caminos


Desmentida del gobierno de Misiones
POSADAS.- El gobierno de Misiones negó ayer tener acceso a los fondos estatales que se destinan al distrito para la construcción de viviendas a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

A raíz de un pedido del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, el subsecretario de Relaciones Institucionales, Gustavo Centofanti, dijo que "el financiamiento depende del Ministerio de Planificación de la Nación, que conduce Julio De Vido, y la construcción de las casas está a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo".

Rechazó así la versión del gobierno nacional, que trasladó la responsabilidad a las provincias y municipios.

Frente a frente

"Quien dirige la institución no puede estar ajena a lo que pasa "

"Tenemos objetivos, tácticas, disciplinas y actitudes totalmente diferentes"

ESTELA DE CARLOTTO, ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

"Estos días difíciles no van a ser los últimos en la vida de las Madres"

"Necesitamos el amor y el cariño con el que uno vive, no la plata "

HEBE DE BONAFINI, MADRES DE PLAYA DE MAYO

El mundo de los derechos humanos
Organismos afines al Gobierno

Madres de Plaza de Mayo. Encabezada por Hebe de Bonafini, nació en 1977.

H.I.J.O.S. Desde 1995, reúne a jóvenes familiares de víctimas de la dictadura.

Abuelas de Plaza de Mayo. La dirige Estela de Carlotto y lleva recuperados 103 nietos.

CELS. Fue fundado en 1979 y está presidida por el periodista Horacio Verbitsky.

Asamblea Permanente por los DDHH. Nació en 1975 por la unión de distintos sectores.

Madres Línea Fundadora. Sus referentes a veces son críticas del Gobierno.

Agrupaciones críticas

Serpaj. Es la organización liderada por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Son sobrevivientes de la dictadura.

Ceprodh. Se creó en 1997 por profesionales que defienden causas de DDHH.

Correpi. Trabaja contra la represión institucional y policial desde 1992.


- Marcelo Veneranda - LA NACION