Ecuador llegará mañana al primer aniversario del intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa en medio de los esfuerzos del gobierno por lograr la condena judicial y política de sus autores, e intentos de sectores opositores por presentarlo como una simple sublevación policial.

De aquella intentona que empezó con un reclamo salarial, quedan, además del debate, la imagen de Correa abriéndose la camisa y desafiando a que le tiraran, una investigación que avanza a pasos muy lentos y un reclamo de familiares de las víctimas de la jornada -ocho muertos y decenas de heridos- para que se sancione a los responsables.

Esta pretensión es compartida con el gobierno, que repartió acusaciones entre buena parte de los partidos tradicionales y de algunos sectores de la Policía y las Fuerzas Armadas a los que considera, en el mejor de los casos, engañados y manipulados por quienes buscaban, en realidad, la caída de la administración central.

En aquel intento de golpe que incuyó la retención -"el secuestro", para el gobierno- del presidente Correa, rescatado en medio de una balacera, murieron cinco personas en Guayaquil y tres en Quito.

El oficialismo, que por estos días puso en marcha una campaña que señala al 30 de septiembre como "el día en que triunfó la democracia", hará mañana una concentración, que se espera multitudinaria, en respaldo de Correa.

El encuentro será en la llamada Tribuna de los Shirys, bajo el lema "30-S, nunca más exista", y desde el gobierno aclararon que no se tratará de un festejo, porque hubo muertos, sino de una conmemoración.

Por aquella rebelión 903 policías fueron sancionados administrativamente y 135 tienen abiertos procesos judiciales en su contra. De estos, 85 ya fueron dados de baja, según el informe del viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, Leonardo Berrazueta, publicado por la estatal agencia Andes.

Sandra Jiménez, hermana del policía Froilán Jiménez, quien murió en el operativo de rescate de Correa, pidió a la Asamblea Nacional (Congreso) que se declare al 30-S día de luto nacional, pero el legislativo no logró quorum para discutir la propuesta ni para emitir una condena a los hechos de un año atrás.

Aquella sublevación inicial, que dio paso a la sorpresiva aparición del mismo Correa en el Regimiento de Quito, su posterior encierro en el hospital y el intento de magnicidio -que el gobierno buscó probar con la difusión de grabaciones de radios policiales- fue inmediatamente repudiada por la OEA y la Unasur.

Quienes le bajan en tono a la protesta saltean que hubo adhesión de militares del complejo La Recoleta del centro de Quito y ocupación del aeropuerto.

El presidente llegó al regimiento con muletas -había sido operado de su rodilla unos días antes- y dio un discurso a los policías: "Aquí estoy, si quieren, mátenme", gritó, abriéndose la camisa, en la que seguramente es la imagen más dramática de la jornada.

Después, Correa bajó del edificio y como no pudo llegar al helipuerto, caminó en medio de gases lacrimógenos y de forcejeos entre su custodia y sublevados, al Hospital de la Policía.

Las Fuerzas Armadas expresaron luego su apoyo al gobierno, mientras los policías sublevados se enfrentaban con manifestantes del oficialismo, y un operativo militar sacó a Correa en silla de ruedas, en medio de una importante balacera.

Entre los procesos judiciales, el jefe de la escolta policial de la Asamblea, Rolando Tapia, y cinco policías más fueron sentenciados por atentar contra la seguridad del Estado. Para Tapia se dictó tres años de prisión, pero su defensa apeló la sentencia.

También Correa acusó al director del Hospital de la Policía, César Carrión, de supuestamente cerrar la entrada para que no pudiera pasar cuando tuvo síntomas de asfixia y de ser cómplice del presunto intento de magnicidio.

Por el mismo supuesto delito fueron procesados también los policías Jaime Paucar, Luis Martínez y Luis Bahamonde.

Carrión fue declarado inocente en primera y segunda instancia, y los policías inocentes en la primera y culpables en segunda, aunque apelaron la resolución.

El que sí fue un éxito para el mandatario fue el juicio que inició contra los directivos del diario El Universo y su ex editor Emilio Palacio, quien escribió que el mandatario ordenó "fuego a discreción" contra el hospital de la policía lleno de civiles.

En primera y en segunda instancia la justicia sentenció a los directivos del diario y a Palacio a tres años de prisión y a pagar una multa de 40 millones de dólares, ahora apelada.

Entre aquel intento de golpe y este aniversario, el oficialismo se anotó otro triunfo en las urnas, en la consulta popular del 7 de mayo, en la que logró aprobación para 10 propuestas de reformas, varias de ellas a la Constitución.