Intervención estatal en la mayor compañía del país. Por cadena nacional, la Presidenta anunció que el Estado controlará el 51% de la petrolera; el Senado comienza hoy a tratar el proyecto.

Después de varios días de misterio, la salida fue la más drástica. Pese a analizar una reapertura de negociaciones con el gobierno de España y la empresa Repsol para retomar el control estatal de la petrolera YPF, Cristina Kirchner dispuso ayer la intervención de la compañía por 30 días y envió al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% de su paquete accionario.

El nuevo interventor, el ministro de Planificación, Julio De Vido, secundado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, inspirador del proyecto, tomaron ayer mismo posesión de las oficinas de YPF, en Puerto Madero. Y desplazaron a los directores de Repsol y del Grupo Petersen (Eskenazi), que hasta ayer gestionaban la compañía.

De inmediato, el gobierno español de Mariano Rajoy calificó la decisión de "arbitraria", "hostil" y "discriminatoria". Y anunció que tomará las medidas "que sean necesarias" , entre ellas acciones legales.

Cristina Kirchner organizó un acto festivo en el Salón de la Mujer en la Casa Rosada. Entre aplausos, ovaciones y estribillos de un centenar de jóvenes militantes de la agrupación La Cámpora, la Presidenta pronunció un discurso por cadena nacional de 52 minutos.

Culpó a YPF Repsol por la falta de inversiones, la caída de la producción de hidrocarburos y el alarmante crecimiento de las importaciones de gas y petróleo. En 2011, dijo, ellas provocaron un déficit comercial energético de US$ 3029 millones.

Frente a su gabinete, gobernadores, legisladores, y organizaciones de derechos humanos, fundamentó la medida en la "recuperación de la soberanía energética". Y acusó a Repsol de aplicar una "política de vaciamiento, de no producción, de no exploración". Si no tomaba esa medida, dijo, "prácticamente nos encontraríamos con un país inviable".

El proyecto enviado al Senado, que comenzará a ser debatido hoy, declara de "utilidad pública" y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF.

Ese 51% se dividirá, a su vez, entre la Nación (51%) y las diez provincias (49%) que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Todos los gobernadores apoyaron la medida.

Así, el Estado tendrá el 26,01% del total de las acciones de YPF, y las provincias, el 24,99%. Se mantendrá intacto el 17% de acciones en manos de inversores privados, mayormente de los Estados Unidos. Y un 6,4% quedaría en manos de Repsol, que pasaría a ser socio minoritario.

Se establecerá un "pacto de sindicación" entre la Nación y las provincias por el cual deberán votar "en forma unificada" y por al menos 50 años. Además, se fijará que para volver a privatizar la compañía se exigirá el voto de al menos dos tercios del Congreso.

El Gobierno descuenta que Repsol planteará un juicio ante tribunales argentinos o ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, Ciadi, según el tratado de protección de inversiones entre la Argentina y España.

Disputa

Antes de ello, dice el proyecto, el valor de las acciones será determinado por el Tribunal de Tasación. El Gobierno buscará entablar una negociación con Repsol, pero en caso de juicio se defenderá a través de la Procuración del Tesoro. "Si no hay acuerdo [Repsol] dará el portazo y se irá. Seguro harán juicio. Quieren plata", dijo a LA NACION un ministro luego del anuncio.

Para el Gobierno, el 51% de las acciones valdrían unos 5000 millones de dólares. La firma española podría pedir hasta 8000 millones.

La pregunta del millón es de dónde saldrá el financiamiento para esa compra y para invertir y producir gas y petróleo y ser "rentable", como prometió ayer Cristina, en medio de una situación fiscal preocupante.

Por lo primero, el Gobierno podría dilatar el pago por años de juicio. Por lo demás, hay versiones de inversores privados argentinos asociados con capitales chinos que tendrían acuerdos con la Casa Rosada. Ayer, la Presidenta dijo que no se desacarta el ingreso de socios privados o estatales extranjeros.

Cristina Kirchner evaluaba dos escenarios. En la Casa Rosada y en la Cancillería se barajó la opción de un traspaso negociado. Pero la Presidenta llegó anteayer a la tarde de Cartagena de Indias, Colombia, tras participar de la Cumbre de las Américas, decidida a recurrir a la alternativa más drástica.

Estaba de mal humor por las advertencias del gobierno de Rajoy sobre una "ruptura económica y fraternal". También le disgustó la falta de apoyo de Estados Unidos en la cuestión Malvinas. "Todo ello exacerbó su espíritu nacionalista y privilegió el impacto político positivo interno al costo externo", dijo a LA NACION una alta fuente del gabinete.

Tras irse de Cartagena citó en Olivos a De Vido, Kicillof y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini. Allí acordaron el anuncio.

Fuentes del sector privado temían ayer repercusiones negativas, como el retiro de empresas y bancos del país, cierres de mercados europeos y freno a las inversiones.

Cristina Kirchner buscó aclarar que "no es una estatización, porque seguimos funcionando bajo la forma de una sociedad anónima" y con "una conducción profesionalizada"..

- Por Mariano Obarrio | LA NACION -