Críticas de analistas privados.
El PAMI suscribió una Letra por $ 700 millones; en 2009 se tomaron $ 41.500 millones de entes públicos.

En un escenario fiscal difícil, y ante la falta de acceso a los mercados, el Gobierno volvió a financiarse con recursos del PAMI, esta vez por 700 millones de pesos. La iniciativa forma parte de una política que este año significó la colocación de Letras del Tesoro por un monto de por lo menos $ 10.420 millones, entre organismos descentralizados que mostraron superávit en sus cuentas. La estrategia del financiamiento intrasector público no termina allí: también se emitieron bonos con vencimiento a mediano plazo por $ 22.089 millones y se dispuso que el Ministerio del Interior recibiera un pagaré por $ 9000 millones, a cambio de prestar recursos que estaban destinados a distribuirse entre las provincias.

Así, el Estado se financió a sí mismo sólo durante 2009, por $ 41.508 millones. Pero la cifra es aún provisional: hay que recordar que, a principios de este año, se conocieron varias colocaciones que habían sido hechas -sin difundirse en su momento- en los últimos meses de 2008.

A eso se suma que, días atrás, se anunció la colocación de una letra por US$ 6569 millones por la controvertida decisión de tomar reservas del Banco Central para pagar deuda pública.

En el caso de la obra social de los jubilados, los préstamos al Tesoro mediante la suscripción de Letras sumaron $ 2830 millones este año, ya incluidos los $ 700 millones recientemente aprobados, según la resolución conjunta de las secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada ayer en el Boletín Oficial. La nueva emisión es por 181 días y a una tasa de interés que rondaría el 13% anual, similar a la de otras Letras (el máximo fue el 14,8 por ciento).

Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tomó -básicamente a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema de jubilaciones, que está en su órbita- letras por el equivalente a $ 4929 millones (en este caso hay varias emisiones en dólares), según surge de los datos publicados por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y de las resoluciones con las que se dispuso cada operación.

Las emisiones de bonos de mediano plazo, en tanto, capturaron recursos tanto de la Anses como del Banco Nación. En el organismo previsional tuvo bastante peso la transformación de Letras del Tesoro en Bonar 2016, una medida dispuesta por Economía en marzo pasado (con lo cual se extendió por siete años la comprometida devolución de los fondos al sistema jubilatorio), y también se compraron otros títulos. En total, la Anses suscribió bonos por una cifra cercana a los $ 14.000 millones. El Nación dio asistencia por $ 8300 millones.

Para colocar Letras de corto plazo, el Gobierno tuvo en la mira, además de los entes ya citados, al Fondo Fiduciario de Recuperación de Empresas ($ 1334 millones), a la Administración Federal de Ingresos Públicos ($ 500 millones) y a la Lotería Nacional ($ 329 millones), entre otros organismos estatales.

Estrategia de riesgo
Para los economistas consultados por LA NACION, la estrategia es riesgosa, sobre todo teniendo en cuenta que los gastos del sector público crecieron a un ritmo significativo y se alejaron del comportamiento que tuvo la evolución de la recaudación de recursos genuinos, afectada por la crisis de la actividad. Y, más allá de eso, existen desde la oposición cuestionamientos a la toma de recursos del sistema previsional, que tiene un fuerte pasivo contingente por la cantidad de juicios de los jubilados.

"En el supuesto de que se seguirá con esta política [de endeudamiento intrasector público], el primer riesgo es que los recursos se terminan acabando y entonces hay una política de gasto que no es sustentable. Ese es un peligro que tiene este modelo económico en general", apuntó el economista Rogelio Frigerio, de la consultora Economía & Regiones.

"Va a llegar el día en que estos organismos necesiten esos recursos", apuntó, a la vez que recordó que existen reclamos de las provincias por el uso de los recursos que administra el Ministerio del Interior.

Marina Dal Poggeto, del estudio Bein, recordó que la ley de administración financiera había separado el manejo de las cajas públicas, para que cada organismo pudiera cumplir sus objetivos, algo que comenzaría a desdibujarse con tantas operaciones de préstamos de fondos al propio Estado y con la renovación de plazos de los títulos de deuda.

"La situación es más grave desde que a la Anses no sólo se le colocan más instrumentos financieros, sino que también se le encargan más gastos", afirmó Dal Poggeto, en referencia a que el pago de la asignación por hijo sale de esa caja.

Para la economista Carolina Schuff, de la consultora Abeceb.com, podría discutirse la rentabilidad que obtienen los organismos, dadas las tasas de interés dispuestas. También dijo no creer que, por lo menos para el año próximo, exista un riesgo de default, por el que la administración central declare la falta de pago de los crecientes compromisos que está asumiendo con el propio sector público.

Silvia Stang
LA NACION