La intimidad, la propiedad y la libertad están quedando en manos de un sólo hombre, Néstor Kirchner.

El Gobierno está empujando al país a vivir fuera de los límites de una República: la intimidad, la propiedad y la libertad están quedando en manos de un sólo hombre, Néstor Kirchner, sin que la Justicia ni la oposición muestren suficiente vitalidad para ponerle límites.

En medio de las distracciones que producen los fines de año, el matrimonio Kirchner redobló sus desafíos y se valió, precisamente, de torpezas cometidas por la oposición. Sólo una decisión de la Corte, que le pide informes al Poder Ejecutivo sobre la utilización de las reservas del BCRA, y los fallos contra la ley de medios parecen poner un poco de cordura en un escenario de inseguridad jurídica.

El lunes último, el ex presidente Néstor Kirchner obtuvo un sobreseimiento por enriquecimiento ilícito, pero sólo fue posible por una combinación de cuatro elementos: un perito que actuó livianamente, dos fiscales que no tienen voluntad de investigar, un juez que cierra la causa apresuradamente y una oposición que no se preocupó por aportar datos que obligaran a la Justicia a profundizar la pesquisa. Hubo un contraste irritativo: ese mismo día, la AFIP les anunciaba a los ciudadanos que está dispuesta a mirar con lupa todas las tarjetas de crédito que superan los 3000 pesos mensuales de consumo.

También fueron los legisladores opositores los que, hace apenas dos meses, permitieron votar las leyes de extracción compulsiva de sangre (leyes 26.548, 26.549 y 26.550): esas normas, contra toda lógica, establecieron que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que dependerá del Poder Ejecutivo, será el único perito admisible en las causas judiciales por desaparición de personas. Ahora, el Poder Ejecutivo le dice a los jueces lo que tienen que hacer y no les permiten hacerse asesorar por peritos independientes.

Ayer, los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble se convirtieron en las primeras víctimas de esas leyes. Y un juez federal, Conrado Bergesio, en apenas 24 horas, dictó dos resoluciones muy difíciles de conciliar: luego de ordenar un peritaje conforme con las características que había ordenado su superior, la Cámara de Casación Penal -al que se sometieron los hijos de la directora de Clarín -, giró sobre sí mismo y, quizá temeroso de perder su cargo en un juicio político que pudiera promover la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ordenó hacer otro estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

La ley de medios y los ataques contra Papel Prensa, en cambio, por ahora no le están rindiendo frutas dulces al Gobierno: cuatro jueces frenaron la aplicación de la controvertida ley, a pedido de grupos de medios (Vila y Clarín ), particulares y ONG y, en la causa de Papel Prensa, varios funcionarios estatales coincidieron en declarar contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El debate judicial sobre los medios quedará para febrero, pero la presión política seguirá sin pausa.

La inseguridad jurídica, la ruptura del derecho y de la lógica democrática está llegando a niveles extremos.

Por Adrian Ventura