El gasto público ha alcanzado en la Argentina en 2009, un récord histórico: consolidado el de la Nación y las provincias, llegó al 35% del PBI.

Sobre el filo del fin del año, el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, se reunió con funcionarios de la Tesorería provincial para definir la emisión de un bono por alrededor de $ 1000 millones. El gobierno de Daniel Scioli saldará de ese modo parte de la deuda que tiene con sus proveedores.

Contado así, parece un hecho intrascendente. Pero, de aquí a unos años, los historiadores tal vez se sirvan de él para indicar el comienzo de un proceso de gran magnitud: la nueva crisis fiscal que se desenvuelve en la Argentina y que condicionará, como ningún otro factor, la suerte de quien asuma el poder en 2011.

El pagaré de Arlía es la respuesta a una presión que amenazaba con desbordar a Scioli. Los prestadores de la obra social de la provincia, IOMA, están suspendiendo sus servicios por falta de pago. Hacia la Navidad, los suministros de los 77 hospitales del distrito comenzaron a escasear. El 50% de los bonaerenses se atiende en esos sanatorios. Los grandes municipios del conurbano pudieron pagar el aguinaldo gracias a auxilios extraordinarios llegados desde La Plata o desde el gobierno nacional. Todos terminaron con un rojo que va, según el caso, de 40 a 60 millones de pesos.

Estos datos ya tienen impacto político. El peronismo de la Legislatura, que había invitado el 23 de diciembre a Carlos Stornelli a explicar la crisis de seguridad, agregó a Arlía cuando advirtió que también las cuentas públicas están cerca del colapso. El ministro explicó que este año necesitará $ 10.000 millones más de lo previsto. Economistas independientes se inclinan por pensar en 15.000 millones. Son números irreales, ya que no contemplan aumento salarial alguno. Pero el 20 de este mes empieza la paritaria docente, que define el 30% del gasto provincial.

Para la experiencia económica nacional, estos hechos cobijan un significado preciso: Buenos Aires suele adelantar los síntomas de lo que está por ocurrir en el resto del país. O, mejor dicho, de lo que ya está ocurriendo. Porque el gasto público ha alcanzado en la Argentina, en 2009, un récord histórico: consolidado el de la Nación y las provincias, llegó al 35% del PBI. Para encontrar una marca superior habría que remontarse, tal vez, a la primera presidencia de Juan Perón. O, si se prefiere otro parámetro, ni durante la Guerra de las Malvinas se gastó lo que se está gastando en la era Kirchner.

La evolución nacional de ese gasto es impactante. En 2007 fue un 50% más que el año anterior; en 2008, 37% más; el año pasado, otro 29%. Esta expansión se corresponde con una presión tributaria creciente: entre 2005 y 2009 los impuestos aumentaron un 12%. Si se agregan los incrementos provinciales, la suba fue del 14%. Es decir, en la Argentina se aplica una presión fiscal del 34%, similar a la de Nueva Zelanda o Israel, países que relevan a sus ciudadanos de gastar en salud, educación o seguridad privadas.

Si, al tocar esos límites, la política económica no ha estallado, como en otras oportunidades, es gracias a que se están registrando también otros récords. En los últimos 20 años la producción de granos pasó de 52 a 114 millones de toneladas, el rendimiento por hectárea aumentó un 40% y la superficie sembrada, un 56%.

La peripecia fiscal de los Kirchner estuvo atenuada, entre 2005 y 2008, por los beneficios de este boom agropecuario. Sin embargo, la rebelión por las retenciones móviles demostró que la presión tributaria había tocado una barrera social y política infranqueable.

A partir de entonces, el kirchnerismo estatizó los ahorros previsionales e ingresó en su fase predatoria. Esa propensión recrudeció en estos días. Como publicó Silvia Stang en este diario el jueves pasado, en 2009 la tesorería tomó $ 41.500 millones de pesos de organismos públicos. Amado Boudou colocó una letra por $ 700 millones en el PAMI, que ya había provisto $ 2130 millones a lo largo del año. El mismo mecanismo se aplicó en la Anses -$ 4929 millones-, en el Banco Nación -$ 8300 millones-, en el Banco Central -US$ 2500 millones de los Derechos Especiales de Giro remitidos por el Fondo Monetario Internacional y $ 5000 millones por la transferencia a Hacienda de ganancias no realizadas-, en el Ministerio del Interior -$ 9000 millones de recursos pertenecientes a las provincias- y en las obras sociales sindicales, cuya recaudación está cayendo de un modo que genera sospechas entre los gremialistas.

El fondo
El Fondo del Bicentenario, constituido para pagar deudas corrientes con US$ 6500 millones sacados de las reservas del Banco Central, es otra dentellada de esa secuencia voraz.

Con su decisión, Cristina Kirchner tocó un límite político: Boudou, que ya tiene el antecedente de la confiscación jubilatoria, entró en conflicto con Martín Redrado, quien denunció, tarde pero seguro, las inconsistencias de la política económica. Redrado se demora en el cumplimiento del decreto presidencial. Más aún, un par de legisladores lo escucharon confesar sus dudas sobre la conveniencia de seguir en el cargo -su mandato vence el próximo 23 de septiembre- si los Kirchner lo ponen entre la espada y la pared.

Al comienzo se consintió que el Poder Ejecutivo usara las reservas como un blindaje -de bajísima legalidad, es cierto- para respaldar la negociación con los holdouts . Pero esa imagen se fue transformando por la convergencia de varios gestos oficiales a lo largo de los días.

Primero fue la polémica con el diplomático norteamericano Arturo Valenzuela, en la que los Kirchner terminaron de revelar que para ellos la seguridad jurídica es sólo un ideologema neoliberal.

Después, el anuncio de que este año se triplicarán las prestaciones sociales -$ 1800 pesos por persona- destinadas a cooperativas de trabajo que organizarán la clientela del conurbano.

Para finalizar, Miguel Pichetto declaró perimida la autonomía del Banco Central. Los US$ 6500 millones podrían ser, por lo tanto, nada más que un aperitivo.

Los principales candidatos a la presidencia formaron equipos para conocer el paisaje que enfrentarían si llegaran al poder. Julio Cobos consulta a Raúl Baglini, a Laura Montero y a Chrystian Colombo. Elisa Carrió escucha a Alfonso Prat-Gay y a Pedro Lacoste. Eduardo Duhalde habla, entre otros, con Roberto Lavagna y con Jorge Sarghini. Felipe Solá frecuenta a Martín Lousteau. Mauricio Macri montó un think tank en el Banco Ciudad y Carlos Reutemann habla con más economistas de lo que se supone. ¿Y Francisco de Narváez? Una renombrada consultora porteña le prepara, en secreto, un programa económico.

Acuerdo político
Hasta ahora todos preveían que en 2011 haría falta un acuerdo político para actualizar tarifas, reducir retenciones, moderar la inflación y normalizar las relaciones federales. Pero en las últimas semanas esa percepción se modificó.

"Nos estamos dando cuenta de que el acuerdo debe hacerse en 2010 para evitar que el Gobierno deje tierra arrasada", explicó un técnico ligado a Duhalde. Parece una previsión razonable.

El esposo de la Presidenta está viendo otra película. "Cuando termine 2010 nos estaremos peleando entre nosotros porque vamos a aplastar a la oposición", repetía antes de partir para El Calafate.

Confía en que la recuperación económica revertirá su caída. No supone, como los expertos, que la inflación será superior al 22% y que el empleo seguirá estancado. Por lo tanto, no cabe esperar que, como Perón en 1952, los Kirchner estén por realizar un giro.

Al contrario, les cabe más la negligencia de madame Pompadour, cuando le dijo a Luis XV: "Después de nosotros, el diluvio".

Durante los próximos dos años, la pareja gobernante definirá el nivel de ajuste que deba hacer su sucesor. En otras palabras: la suerte política del próximo gobierno se está jugando desde ahora.

Por Carlos Pagni