Ricardo De Felipe, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), advirtió que la reforma judicial –cuyos proyectos más polémicos fueron aprobados el jueves en Diputados– ponen “en riesgo” la República y adelantó que presentará una demanda por inconstitucionalidad.

27/04/13 -

“No sólo la Justicia y la abogacía están en riesgo; hoy está en riesgo la República ”, aseguró De Felipe en su discurso ante directivos de medios, editores y periodistas en la cena de camaradería mensual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).

“La Justicia necesita actualizarse y agilizar sus trámites, pero bajo ningún punto de vista la reforma pasa por estas leyes, que directamente violan la independencia del Poder Judicial ”, consideró.

De Felipe cuestionó el paquete y centró sus cuestionamientos en la modificación de designación e integración del Consejo de la Magistratura: sostuvo que “vulnera el equilibrio de fuerzas” del organismo y lo coloca “en dependencia total del partido gobernante”. Sobre la limitación de las cautelares contra el Estado y la creación de tres Cámaras de Casación, apuntó: “Los ciudadanos quedan en desigualdad frente al Estado, se afecta el principio de igualdad. Y es una falacia que las nuevas cámaras vayan a agilizar los trámites”.

Al final respondió preguntas y anunció que presentará una demanda, especialmente por la que “vulnera de manera manifiesta” el artículo 114 de la Constitución, sobre el mecanismo de designación y número de miembros del Consejo.

En la cena, el ex diputado radical Luis “Changui” Cáceres (Carlos Jornet, presidente de ADEPA, le entregó la estatuilla de la libertad de prensa) también criticó la batería de proyectos al recordar los debates en la Convención de la que formó parte y que en 1994 reformó la Constitución: aseguró que los convencionales habían acordado de manera expersa que “no entrara la política” en el Consejo.

La semana pasada ADEPA advirtió que los proyectos gubernamentales “amenazan la independencia del Poder Judicial”, lo cual significaría que “todos los ciudadanos perderemos uno de los resortes básicos para defender nuestros derechos”. Y destacó: “La prensa, en particular, verá aún más comprometida la libertad que le permite cumplir con el rol esencial que tiene dentro de toda democracia”.

También, que “sin una Justicia y un periodismo independientes, la sociedad carece del sistema de frenos y contrapesos que previene los abusos del poder y preserva las libertades individuales”.