El juez Bonadio sostuvo que el secretario de Comercio Interior excedió sus atribuciones al aplicarles multas a consultoras que medían los índices de precios; es la primera vez que queda comprometido.

Por Paz Rodriguez Niell | LA NACION

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue procesado ayer por "abuso de autoridad", acusado de haber aplicado "fortísimas multas" a consultoras privadas que medían la inflación con el único propósito de "silenciarlas".

La medida fue adoptada por el juez Claudio Bonadio en una causa iniciada en 2011 por Jorge Todesca, ex viceministro de Economía del duhaldismo y titular de Finsoport, una de las doce consultoras multadas.

Es el primer procesamiento que la Justicia dicta contra Moreno, que maneja, en los hechos, el instituto que releva las estadísticas públicas. Pero Bonadio no sólo lo procesó, le atribuyó un "relato oficial" en materia de precios, le recriminó "su discrecionalidad" y le adjudicó una intención "sistemática y persistente" de "controlar la publicación de los índices".

Además dijo que Moreno pretendió "disciplinar" a las consultoras y afirmó que "sobran" elementos para identificar en él la "intención maliciosa de violar la ley".

Anoche, el ministro de Justicia, Julio Alak, criticó el procesamiento. Consideró "curioso" que se haya dictado a un mes de las elecciones, dándole a la oposición la posibilidad de usarlo "maliciosamente", y agregó que "es cuando menos llamativo que se procese a un funcionario por ejercer actos propios de su función, ya avalados por otros jueces".

Según Bonadio, Moreno y dos funcionarios que dependían de él persiguieron, a sabiendas, a consultoras que "notoriamente se hallaban fuera de su control".

La historia que dio origen de esta causa comenzó en 2011, cuando Moreno acusó a doce consultoras por la presunta violación de la ley de lealtad comercial, sancionada por la dictadura en 1983.

El argumento fue que intentaban engañar a la población al difundir índices de precios que exhibían "inexactitudes y ocultamientos susceptibles de inducir a error, engaño o confusión", y que con sus datos habían logrado que disminuyera el consumo de determinados productos, tal como lo había denunciado una cámara de frutihortícolas del Mercado Central, donde Moreno tiene enorme influencia. El castigo fue la multa máxima: $500.000.

Las consultoras apelaron las sanciones ante la Justicia y Finsoport logró que se revocara la multa en abril pasado, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo afirmó que la actividad de las consultoras era ajena a la órbita de Moreno porque sus estimaciones no eran "presentaciones", "publicidad" ni "propaganda"que pudiera engañar a consumidor alguno.

Ese fallo fue un argumento central de los procesamientos de Bonadio contra Moreno, Fernando Carro (director de Comercio Interior) y Adalberto Rotella (director de Lealtad Comercial).

El delito por el que se los acusa, "abuso de autoridad", prevé una pena de prisión de un mes a dos años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de ese plazo. Además, los tres fueron embargados por $50.069,67 cada uno.

Éste es el segundo fallo adverso al Gobierno que Bonadio firma en menos de 48 horas.

Anteayer, el juez había sostenido que José Sbattella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), no tenía atribuciones para congelar bienes con los que, según Sbattella, se estarían financiando dos represores prófugos.

Bonadio anuló la decisión del funcionario y, simultáneamente, se encargó él mismo del congelamiento de los fondos.

En su fallo de ayer, sostuvo que Moreno, Carro y Rotella "forzaron sin tapujos" sus atribuciones legales y afirmó que ni siquiera era cierta "la supuesta falsedad de los índices" de las consultoras, lo que describió como "un argumento recurrente" de Moreno.

El juez comparó los guarismos de las consultoras con los elaborados por varias provincias; dijo que "no distaban entre sí" y que no era por "simple adivinación" sino porque respondían a una "técnica".

Además, Bonadio criticó que se exija a las consultoras un "rigor metodológico" cuando los índices oficiales utilizan parámetros "susceptibles de ser cuestionados".