El juez Federal Julián Ercolini dio el visto bueno para que el fiscal Gerardo Pollicita avance en la recolección de nuevas medidas de prueba en la megacausa por presunta asociación ilícita que involucra al matrimonio presidencial, funcionarios de la mesa chica, y grupo de empresarios que aumentaron considerablemente sus arcas desde que Néstor Kirchner llegó al poder en 2003, según consta en la denuncia de Elisa Carrió.

Los investigadores del caso tienen varias líneas de exploración, una de ellas es la pista venezolana. En esa senda, la lupa está puesta sobre el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y Claudio Uberti, el ex director del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y principal involucrado en el cajoneado caso de los 800 mil dólares que intentó ingresar ilegalmente al país el enigmático empresario venezolano Antonini Wilson.

Según Fernando Oz del Diario Perfil, la Justicia solicitó a la Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP) el listado de todas las empresas que exportaron productos a Venezuela desde 2003 a la fecha. También se requirió al Ministerio de Exterior y al Ministerio de Planificación los detalles de todos los convenios que firmó Argentina con Venezuela, las normas de los fideicomisos en las que participan ambos países, y que se especifique cuál es sistema de selección que utiliza el Estado argentino a la hora de bendecir a las empresas que participan en los lucrativos negocios con la nación bolivariana.

Uno de los interrogantes de los investigadores es el rol de Uberti en la ejecución de los convenios bilaterales y en la “selección” de empresas. Antes de que estallara el escándalo de la valija de los 800 mil dólares, que supuestamente iba a tener como destino final la caja de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, se apuntaba a Uberti como el número uno de una suerte de embajada paralela dedicada a desarrollar “los negocios” entre la Casa Rosada y el Palacio de Miraflores.

En un principio, esta línea de investigación se había focalizado en un fideicomiso creado en 2004, que tenía como base una especie de intercambio circular: Argentina importaba combustible de Venezuela y luego ese dinero era utilizado por el caribeño país para adquirir distintos bienes argentinos, especialmente del tipo industrial. Pero habría indicios que pondrían bajo sospecha más de una operación comercial entre la administración del ex presidente Néstor Kirchner y la del venezolano Hugo Chávez.

La punta del ovillo fue el cable diplomático que envió a la Cancillería en 2005 el por entonces embajador argentino en Caracas, Alberto Sadous. Allí el diplomático puso dos palabras que podrían estar relacionadas: “Corrupción” y “Uberti”.

Fue una fuente “confidencial” de la gigantesca petrolera venezolana PDVSA la que se habría comunicado a mediados de octubre de 2005 con Sadous para informarle que se estaba utilizando un importante fideicomiso entre Argentina y Venezuela para generar un negocio paralelo que dejaría millones de dólares en el camino.

Ese cable, la declaración de Sadous y de otro funcionario de la cancillería no despejaron las dudas. Por eso, ahora los investigadores requerirán todos los cables que fueron enviados entre la embajada en Caracas y el Palacio San Martín.

Fuente: Crónica y Análisis -