El 27 de mayo pasado, el mismo día en que la fiscal general estadounidense Loretta Lynch denunciara "la Copa del Mundo del fraude" y encarcelara a 14 directivos (7 de la FIFA), el fiscal general suizo, Michael Lauber, allanaba el edificio de FIFAStrasse 20 para incautar los primeros documentos de su investigación sobre el proceso de adjudicación de las sedes de los Mundiales de 2018 y 2022, a Rusia y Qatar, respectivamente.

Por Pablo Vignone | canchallena.com

El 27 de mayo pasado, el mismo día en que la fiscal general estadounidense Loretta Lynch denunciara "la Copa del Mundo del fraude" y encarcelara a 14 directivos (7 de la FIFA), el fiscal general suizo, Michael Lauber, allanaba el edificio de FIFAStrasse 20 para incautar los primeros documentos de su investigación sobre el proceso de adjudicación de las sedes de los Mundiales de 2018 y 2022, a Rusia y Qatar, respectivamente.

En los cuatro meses que siguieron, el cerco se fue cerrando sobre Joseph Blatter , el titular del máximo organismo del fútbol mundial desde 1998, pero las sospechas jamás se habían transformado en una acusación concreta.

Hasta ayer, cuando la causa ya acumula 900 mil páginas, unos 11 terabytes de datos, y al dirigente suizo se le abrió un proceso bajo sospechas de malversación de fondos y abuso de confianza.

Después de dos días de deliberaciones del Comité Ejecutivo de la FIFA, en las que se decidieron, entre otras medidas, las fechas de apertura y cierre del Mundial de Qatar, Blatter tenía previsto someterse a las preguntas de la prensa. Sin embargo, una hora antes de lo estipulado, la conferencia se suspendió sin que se supieran las razones.

La explicación era, sin embargo, sencilla: en ese momento, Blatter estaba respondiendo las preguntas del fiscal Lauber. La justicia había decidido abrirle un proceso penal a partir de un episodio descubierto en el curso de la investigación original, un contrato firmado en 2005 entre Blatter y el desprestigiado Jack Warner, encarcelado en su país, Trinidad y Tobago, luchando para evitar la extradición a los Estados Unidos.

Para ello, le había tomado declaración nada menos que a Michel Platini, el presidente de la Unión Europea de Fútbol (UEFA) que aspira a suceder a Blatter en las elecciones de febrero próximo, y al que involucró en su testimonio. Aunque tampoco sale bien librado de la acción de la justicia helvética.

"La Fiscalía sospecha que el 12 de septiembre de 2005, Mister Joseph Blatter firmó un contrato con la Unión de Fútbol del Caribe; ese contrato fue desfavorable para la FIFA; por otro lado, se sospecha de que, en la implementación de ese acuerdo, Blatter también violó sus deberes fiduciarios y actuó en contra de los intereses de la FIFA y/o de FIFA Marketing & TV AG" reza el comunicado emitido ayer por la Oficina del Fiscal General suizo. Mientras Lauber interrogaba al dirigente, sus ayudantes registraban la oficina de Blatter y registraban todo el edificio.

¿Cómo es la trama que envuelve a Blatter, por primera vez de manera directa, en un caso de corrupción?

En 2005, la FIFA le vendió a la Unión del Fútbol del Caribe (CFU), que entonces presidía Warner, vendió los derechos televisivos del Mundial 2010 en 250 mil dólares; y los de la Copa del Mundo de 2014 en 350 mil dólares. En total, 600 mil dólares para poder televisar 128 partidos, 64 de cada Mundial. El trinitense estampó su firma junto a la del suizo.

La CFU transfirió esos derechos a otra compañía, J&D International (JDI), registrada en las Islas Caimán: la subcontratación estaba prevista en el contrato entre CFU y FIFA, en el que además se establecía un reparto en partes iguales de los beneficios. Warner nunca honró esas cláusulas.

Dos años más tarde, en 2007, JDI vendió esos mismos derechos a SportsMax, un canal de cable con base en Jamaica, por entre 18 y 20 millones de dólares, según el canal reportó en su propia web.

Uno de los directivos de JDI en el momento de la transacción era nada menos que Jeffrey Webb, sucesor de Warner al frente de la CONCACAF y uno de los aprehendidos en Zurich, luego extraditado a los Estados Unidos.

La FIFA rescindió el contrato con la CFU en julio de 2011, un mes después de que Warner abandonara la entidad envuelto en acusaciones de soborno. El fiscal Lauber denunció ese contrato dos semanas atrás, pero la FIFA negó haber incumplido la ley. "La CFU no respetó el contrato y no cumplió sus obligaciones financieras, y por esas razones FIFA terminó ese contrato" señaló la entidad para defenderse, en un comunicado reciente.

Este contrato bajo la lupa de la justicia suiza no es el primero por el cual la FIFA vendió derechos de TV a Warner. En 1998 ya le había transferido los derechos del Mundial 2002 por un precio irrisorio: apenas un dólar.

Según un consejero cercano a Blatter, Klaus Stohlker, el dirigente "estaba bien preparado para la conferencia de prensa y no se esperaba esto (la indagatoria). No se siente responsable de lo que se lo acusa". Frente a las especulaciones sobre una posible resignación al cargo, agregó: "El no quiere renunciar".

La ONG NewFIFANow ("Nueva FIFA ahora"), estimó que Warner compró los derechos por apenas un cinco por ciento de su verdadero valor, y que sus beneficios rozaron los 15 millones de dólares. Citado por The Guardian, su portavoz Jaimie Fuller, afirmó: "Blatter encabeza una organización acribillada por acuerdos corruptos y este último caso enfatiza la necesidad de quela reforma de la FIFA sea encarada por fuera de la entidad".

Desde que estalló el FIFAGate, en mayo pasado, el presidente de la FIFA no viaja a países que posean tratados de extradición con los Estados Unidos, que promueve las investigaciones; solo se trasladó a San Petersburgo (Rusia), para el sorteo de las Eliminatorias del Mundial 2018.

Ayer, antes de la sorpresiva indagatoria, el Comité Ejecutivo de la FIFA había decidido que su próxima reunión no se lleve a cabo en Japón, durante diciembre y en pleno Mundial de Clubes, como estaba previsto, sino nuevamente en Zurich; el territorio japonés es fértil a los requerimientos de la justicia estadounidense.

Pero ahora Blatter podría ser detenido en su propio país: se enfrenta a la posibilidad de pasar de cinco a diez años a la sombra.