El titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, varios gremialistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y hasta los hijos del fallecido jefe de ese sindicato, Lorenzo Miguel, fueron imputados del delito de "lavado de dinero" por la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales.

30.09.2015 | La fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales requirió una investigación penal porque los imputados habrían cobrado 20 mil dólares mensuales de 1987 a 2008, que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios a los afiliados de la UOM.

Fuentes judiciales informaron hoy que la representante del Ministerio Público requirió una investigación penal porque los imputados habrían cobrado 20 mil dólares mensuales de 1987 a 2008, que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios a los afiliados de la UOM.

El requerimiento de la fiscal fue presentado ante el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y solicitó, además, las inhibiciones de los bienes de Caló y de los otros acusados, entre los que resaltan los hijos de Miguel.

Lorenzo Miguel fue el jefe del sindicalismo peronista durante más de tres décadas, desde 1970 hasta su fallecimiento en 2002, y encabezó tanto la UOM como la rama política del gremialismo nucleado en las 62 Organizaciones peronistas.

Además la pesquisa alcanza a los dirigentes de la UOM Juan Carlos Chumen, Lisandro Zapata, Aníbal Martínez y al resto del secretariado nacional y a las autoridades del Instituto de Seguros SA.

Esta causa comenzó a partir de que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 2 (TOPE 2) que condenó a un año y nueve meses de prisión a Segundo Pantaleón Córdoba, ex jefe del área jurídica de la UOM, por intentar sacar del país 800 mil dólares que llevaba escondidos en su auto.

Córdoba declaró que desde 1987 hasta diciembre de 2008, cuando se fue del gremio, el Instituto de Seguros SA -del extinto Julio Raele, empresario de íntima confianza del también difunto caudillo metalúrgico Lorenzo Mariano Miguel- le pagó mensualmente a él y a las autoridades de la UOM 20 mil dólares que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios.

Córdoba fue demorado el 1 de agosto de 2011 en la terminal de Buquebús, en esta capital, cuando iba a viajar a Uruguay, porque en su auto BMW se encontraron 800 mil dólares en efectivo. Ante la Justicia reconoció que el dinero eran ahorros de su trabajo en la UOM.

El acusado declaró que todos los meses, "en prolijos sobres marrones", el Instituto de Seguros SA enviaba a la UOM el dinero para las autoridades del gremio y él.

"Lo pacté con Lorenzo Miguel, secretario general de la UOM, y Julio Raele, en su carácter de máxima autoridad del Instituto del Seguro. A partir del primero de julio de 1987 comencé a percibir esos dineros como remuneración mensual, habitual y permanente, por mi actividad lícita como abogado. Lamentablemente nunca se plasmó en la registración formal de salario decente", sostuvo Córdoba.

Raele fue un empresario de estrecha vinculación con Miguel y muchos otros sindicalistas y tuvo un mítico departamento con quincho en la calle Viamonte al 1600 de la Capital Federal, donde se realizaban importantes reuniones políticas, incluso con la participación de presidentes, como Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Néstor Kirchner.

Los dichos de Córdoba fueron ratificados por Roberto César Echenique, contador de la UOM, y los abogados del gremio Ricardo Weisz y Hugo Rodríguez, según la causa.

Córdoba reconoció su culpabilidad en la Justicia y, en un juicio abreviado, fue condenado a un año y nueve meses de prisión en suspenso, al decomiso de los 800 mil dólares y al pago de una multa de 70 mil pesos.

"La objetiva gravedad de los hechos denunciados evidenciada por el aparente daño patrimonial a miles de trabajadores de la UOM durante más de veinte (20) años -1987/2008- y el manejo indiscriminado y hasta inmoral de fondos en principio provenientes de delitos, impone al Estado en cumplimiento de sus obligaciones internacionales respecto a todo acto de corrupción, el deber de investigar exhaustivamente tales maniobras, sancionar a sus responsables y recuperar en la medida de lo posible los activos del caso", concluyeron los magistrados.

Sobre la situación de Córdoba, el tribunal advirtió que la Justicia de Uruguay advirtió que tiene tres cuentas bancarias en las que depositó 2.500.000 dólares en concepto de ahorros, realizó inmobiliarias en lujosos departamentos de Punta del Este y en Miami, y vendió una propiedad en la misma ciudad por 600 mil dólares.

Además, se detalló que es dueño de dos departamentos sobre la avenida Coronel Díaz, en el barrio porteño de Palermo, de cocheras en la avenida Independencia y de dos vehículos.

El Tribunal también ordenó que sean investigados familiares y empresarios allegados a Córdoba.