Polémicas declaraciones oficiales. Dijo que las empresas privadas de vigilancia se pelean por un "negocio enorme" y que se difundieron robos que no ocurrieron.

LA PLATA.- El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, aseguró que, detrás de algunos de los delitos ocurridos en countries bonaerenses, se esconden "internas sospechosas entre agencias de seguridad para quedarse con algún barrio, ya que la custodia privada es un negocio enorme".

Además, sostuvo que hechos que se dan a conocer en los medios de comunicación, en realidad, no existieron. "Muchas veces nos damos cuenta de que [los robos] no ocurrieron."

La Dirección General Fiscalizadora de Agencias de Seguridad Privadas multó a dos empresas de seguridad porque el personal que trabajaba en el country no estaba debidamente registrado. Las inspecciones, que fueron encabezadas por Stornelli, se concretaron de manera sorpresiva en dos barrios cerrados del partido de Pilar.

En declaraciones radiales, el ministro de Seguridad dijo que los delitos perpetrados en countries "no son ni más ni menos de los que ocurren habitualmente" en esos predios y que, incluso, "hay que investigar dentro" de esos lugares.

"La seguridad de esos barrios son contratos interesantes; se puede generar el descrédito de una agencia para afectar el servicio y sacarle el negocio", agregó Stornelli.

El de la seguridad privada "es un negocio enorme que involucra a más de 100.000 trabajadores y sólo en el Gran Buenos Aires hay cerca de 500 barrios privados para cuidar", sostuvo el ministro, e insistió en su hipótesis de que muchos de los delitos denunciados no son reales.

Ayer trascendió que una mujer había sufrido la sustracción de unos 30.000 pesos en su casa, en un country de Pilar, pero hasta el cierre de esta edición la policía no pudo confirmar la veracidad del caso porque, según dijeron fuentes policiales a LA NACION, el hecho no fue denunciado.

Hace pocos días, tras la seguidilla de robos que azotaron a los barrios cerrados del conurbano, el Ministerio de Seguridad provincial, instruido por el gobernador Daniel Scioli, firmó un acuerdo con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi) para controlar de manera oficial el trabajo de los vigiladores privados.

Desde ese anuncio, es la primera vez que se dan a conocer los resultados de un control. Los countries inspeccionados ayer fueron La Lomada, donde se multó a la empresa Federal Resguard, y Campo Chico, lugar en el que se detectaron irregularidades con los empleados de la firma Hunter. Además, se multó a la empresa ISE, que custodia el perímetro de ambos barrios, según se informó oficialmente.

Tras el asalto al country Isla del Sol, en el partido de Tigre, donde vive el intendente Sergio Massa, el jefe de la policía bonaerense, Juan Carlos Paggi, advirtió sobre la falta de control de las administraciones de los countries respecto de los empleados que trabajan en esos predios.

Según la propuesta en la que avanza el gobierno, cada empleado de la compañía de seguridad privada debe estar empadronado en un registro y haber cumplido una capacitación previa; además, la cantidad de vigiladores tiene que ser proporcional a la cantidad de hectáreas y casas del barrio cerrado que se resguarda.

El convenio incluye también la instalación obligatoria de botones antipánico en las garitas y zonas de acceso a los barrios cerrados (las empresas tendrán 30 días para su instalación luego de que la norma se publique en el Boletín Oficial, algo que hasta ayer no había sucedido), que estarán conectados con la policía.

De esta manera, los uniformados estarán autorizados a ingresar en los barrios privados ante la ocurrencia de un delito, algo que actualmente les está impedido. Según el protocolo establecido, al llegar al barrio el policía deberá identificarse ante el personal de seguridad privada y serán ellos quienes lo acompañen hasta la vivienda afectada por algún hecho ilícito.

Como parte del plan para mejorar la seguridad en los barrios cerrados, la cámara que agrupa a las empresas propuso al gobierno bonaerense categorizar a las compañías que prestan ese servicio, según los niveles de seguridad que ofrecen, algo a lo que se comprometió la administración provincial.

Sin embargo, hasta ahora no hubo ningún adelanto al respecto, ya que el tema crea rispideces en las propias empresas de seguridad, que temen que esta medida se torne discriminatoria entre los propietarios de viviendas en esos barrios, que verían afectada la valorización de sus terrenos de acuerdo con la compañía que contraten.

El homicidio del policía
En tanto, un joven de 21 años quedó detenido e imputado como el autor material del crimen del policía bonaerense Marcelino Monzón, asesinado quemarropa el miércoles pasado en un intento de robo. El oficial era muy respetado por vecinos y comerciantes, que ayer volvieron a reclamar justicia durante su sepelio.

FRASES
"Muchas veces nos damos cuenta de que el robo no existió"

"Se esconden internas sospechosas entre agencias de seguridad para quedarse con algún barrio, ya que la custodia privada es un negocio enorme"

Carlos Stornelli
MINISTRO DE SEGURIDAD

Por: Valeria Musse - Corresponsal -