Universidades, sindicatos y organizaciones sociales pidieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que restablezca la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Más de 20 instituciones, entre las cuales se encuentran universidades nacionales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un dictamen jurídico que sostiene la necesidad de respetar el resultado del debate democrático que permitió la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y demanda su plena vigencia.

El documento fue presentado hoy, en calidad de amicus curiae, ante la Corte Suprema en el marco de un proceso judicial que se inició a fines de 2009, impulsado por el diputado nacional Enrique Thomas.

En este proceso, la jueza federal Olga Pura de Arrabal y luego la Cámara Federal de Mendoza hicieron lugar a la medida cautelar solicitada por el diputado y suspendieron la aplicación de la ley.

Merced al recurso interpuesto por el Estado nacional, el caso fue admitido por la Corte el 19 de mayo. El miércoles pasado, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictaminó que debía revocarse la medida cautelar.

Los argumentos presentados por las organizaciones hacen hincapié en la afectación de derechos que la suspensión de la ley impone a distintos grupos de personas que no participaron del proceso iniciado por Thomas y que se encuentran particularmente protegidos por la nueva ley.

Según la presentación, las universidades nacionales, las cooperativas, los trabajadores de la comunicación, los actores, los músicos independientes, los pueblos originarios y las personas con discapacidad, son algunos de esos grupos que ven restringido su derecho al trabajo, a la libertad expresión y al acceso y la participación en el debate público a través de los medios a partir de la suspensión de la ley.

Los firmantes cuestionaron la capacidad de Thomas de adjudicarse la representación de todos los "consumidores de medios audiovisuales” del país, sin justificar de ningún modo esa aseveración y dejando de lado a los grupos mencionados, a los cuales, no sólo no representa, sino que además les produce un daño concreto con su acción judicial.

La presentación fue realizada de manera conjunta por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), instituciones académicas como las facultades de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

El departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.

A ellos se sumaron los principales sindicatos que reúnen a los trabajadores de los medios de comunicación, como la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato Argentino de la Televisión.

También Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, la Asociación Argentina de Actores, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines.

El Sindicato Único de la Publicidad, la Sociedad Argentina de Locutores, el Sindicato Argentino de Músicos, el Sindicato de Prensa de Rosario y la Unión de Músicos Independientes.

Además se incorporaron organizaciones que nuclean a radiodifusores como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina, y otras ONG interesadas en la defensa de la libertad de expresión, como el Centro Nueva Tierra.