Malestar de Chile con el gobierno argentino. La protección de la Casa Rosada a Apablaza. La decisión afecta la relación bilateral. "Es un retroceso para la justicia", dijo el presidente chileno.

Por Carlos Vergara
Corresponsal en Chile

SANTIAGO - El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reaccionó con evidente molestia a la concesión de asilo político que el gobierno argentino dio al ex guerrillero Galvarino Apablaza, acusado del asesinato del ex senador derechista Jaime Guzmán y del secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio , Cristián Edwards. Agregó que esto amenaza con enturbiar la relación bilateral.

"Por supuesto que no comparto la decisión del gobierno argentino. Galvarino Apablaza cometió un crimen en Chile, está siendo procesado en nuestro país por la justicia chilena y, desgraciadamente, ese proceso se ve interrumpido por una decisión de la Conare [Comisión Nacional para los Refugiados] argentina. Siento que la decisión es un golpe, significa un retroceso en la causa de los derechos humanos y para la causa de la justicia en Chile", dijo ayer el presidente Piñera en el Palacio de La Moneda.

Horas antes, Piñera había regresado del viaje relámpago a Buenos Aires para la reunión de urgencia de la Unasur por la crisis en Ecuador. Allí se cruzó con la presidenta Cristina Kirchner, con la que habló brevemente del tema, según fuentes del gobierno argentino.

Ya en Chile, fue enfático: "Si [Apablaza] está procesado por la justicia chilena por un crimen cometido en nuestro país, el asesinato de un senador y el secuestro de personas, lo normal es que la propia justicia chilena hubiera podido terminar de conocer esa causa y aplicar nuestra legislación y las sanciones que corresponden. Sin duda, esta decisión de la Conare no ayuda en nada a las relaciones de Chile y la Argentina. Vamos a analizar profundamente la resolución para poder determinar los nuevos cursos de acción".

La cancillería chilena emitió un comunicado en el cual dice lamentar profundamente la decisión adoptada por la Conare. "Con esta decisión, se obstaculiza la extradición de Apablaza para ser juzgado en Chile por su participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán y por el secuestro extorsivo de Cristián Edwards, ambos ocurridos en 1991 [...]. La República de Chile no claudicará en realizar todos los esfuerzos para esclarecer la verdad y para que los involucrados en estos crímenes se enfrenten a la Justicia y reciban las penas que correspondan", apuntó el escrito.

Los ánimos están encendidos. A la ya casi segura presentación de una carta de protesta formal al gobierno argentino, se sumó ayer la posibilidad de una eventual demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido fundado por el asesinado senador Guzmán, que no se resigna a dejar pasar la oportunidad de juzgar al autor intelectual del crimen que marcó a toda la actual generación de senadores.

Ayer llegó a Santiago el embajador en la Argentina, Adolfo Zaldívar, que informará a las autoridades sobre las gestiones realizadas en Buenos Aires. No se descarta que permanezca en Chile más tiempo del estipulado inicialmente en señal de molestia.

Gestos severos
Algunos trascendidos hablaban ayer de gestos aún más severos, como una posible suspensión del tratado de integración energética firmado este año por los ministros Julio De Vido y Ricardo Raineri y, aún más extrema, la posibilidad de no seguir respaldando la demanda argentina por las Malvinas ante los organismos internacionales.

Tal como ocurrió con el pedido de extradición, las críticas a la decisión del gobierno de Cristina Kirchner también fueron transversales. Renovación Nacional, el partido oficialista que instaló a Piñera en la presidencia, emitió una declaración oficial que da cuenta de su disgusto con el asilo.

"La calidad de refugiado político de Galvarino Apablaza es absolutamente improcedente, más todavía cuando los mismos tribunales argentinos declararon procedente la extradición y expresamente señalaron que no era esa su condición", dice la declaración.

El tratado de refugiados políticos se aplica en situaciones objetivas de persecución, no en forma antojadiza ni para proteger a terroristas o a quienes participaron en delitos que atentan contra la democracia", señala el comunicado.

"Le quiero decir a la presidenta Cristina Fernández que hay Estado de Derecho en aquellos países donde se juzga y eventualmente se condena a terroristas y delincuentes. Y, por el contrario, no hay Estado de Derecho en los países en que se ampara delincuentes y se protege a los terroristas", agregó el diputado oficialista Nicolás Monckeberg.

"Creo que la decisión que se ha tomado en el país vecino es sorprendente, inaceptable y lamentable", dijo, por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda.

"Es grave desde el punto de vista de las normas internacionales que rigen en los procesos de extradición y la colaboraciones entre los países para perseguir actos de terrorismo", completó el abogado de la familia del senador Guzmán, Luis Hermosilla.

EL CASO
La acusación
Galvarino Apablaza fue líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Está acusado en Chile del asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, ambos ocurridos en 1991.

Detención
Fue capturado en Buenos Aires en 2004. Chile pidió su extradición. Fue liberado a la espera de la resolución del caso.

Fallo y refugio
El mes pasado, la Corte falló en favor de su extradición. Pero el Gobierno le dio refugio político. Seguirá viviendo en Moreno.