Se trata de un barrabrava vinculado con la Unión Ferroviaria; anoche, la Gendarmería allanó dos casas en Florencio Varela; fue señalado por los testigos como el hombre que le disparó a la víctima.

Para la Justicia, el asesino del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra está identificado. Se trata de un barrabrava vinculado con el oficialismo de la Unión Ferroviaria, al que la Gendarmería buscaba anoche en el conurbano.

Según fuentes de la investigación, este sospechoso y otros diez barrabravas habían sido enviados por el gremio para romper el corte de vías que el miércoles pasado intentaron realizar los trabajadores tercerizados despedidos de la línea Roca del ferrocarril, apoyados por militantes del PO.

La jueza de instrucción Wilma Susana López ordenó la captura del acusado, que era intensamente buscado en un operativo que tenía en vilo al gobierno de Cristina Kirchner.

Los primeros allanamientos para detener al supuesto asesino de Ferreyra se hicieron anoche en dos casas de Florencio Varela. Además, la magistrada ordenó detener a otros dos sospechosos, que fueron señalados por los testigos por estar armados durante el ataque.

Horas antes de que se ordenara la detención, durante un acto en Chivilcoy, el ex presidente Néstor Kirchner había anunciado, sugerente: "En las próximas horas habrá importantes novedades en la investigación del caso Ferreyra". En Buenos Aires, gran parte del Gobierno monitoreaba la causa judicial.

Si bien ayer la investigación avanzó sobre el autor material del homicidio, nada se supo sobre los autores intelectuales del asesinato a balazos de Ferreyra, de 23 años, cuyos restos fueron sepultados ayer al mediodía en el cementerio de Avellaneda.

"No hay dudas de que el asesino estaba con la patota de la Unión Ferroviaria", dijo a La Nacion una importante fuente de la investigación. Esa presunción se fundó, entre otros elementos, en las declaraciones de Nelson Aguirre, uno de los tres heridos durante el enfrentamiento que comenzó en Avellaneda, sobre las vías del tren, y terminó en Barracas.

Entre los elementos que fundaron la orden de captura del supuesto asesino de Ferreyra también figuraban los testimonios de algunos de los militantes de la Unión Ferroviaria, que afirmaron ante la Justicia que los encargados de romper la protesta de los tercerizados fueron armados a las vías en Avellaneda.

"Yo estuve en medio de los incidentes y vi todo lo que pasó. Declaré durante más de siete horas y aporté nombres de los testigos que podían describir a los agresores. Mientras revisaba mi declaración, escuché a integrantes de la patota que nos atacó que le describieron a un funcionario judicial cómo llegaron desde la estación Avellaneda hasta el lugar en el que fue la emboscada y quiénes llevaron las armas", dijo el abogado Gustavo Mendieta, que representa a los trabajadores despedidos.

Según fuentes oficiales interiorizadas con la investigación, el nombre del presunto asesino de Ferreyra figura en una lista de 11 sospechosos que recibió ayer por la tarde la jueza López.

Estos imputados forman parte de las barras bravas de Banfield, Lanús y Defensa y Justicia. Se sospecha que habrían sido contratados por la Unión Ferroviaria para romper las marchas de sindicalistas de izquierda, según informaron fuentes de la investigación.

Esa línea de investigación estaría avalada por la supuesta existencia de un e-mail que, un día antes de la trágica manifestación, se envió desde la seccional Constitución de la Unión Ferroviaria a la oficina de Recursos Humanos de la empresa Ugofe, que tiene a su cargo la concesión del ferrocarril Roca.

"En ese correo, el sindicato le pidió a la empresa que diera licencia a 120 afiliados para participar de una actividad gremial en la estación Avellaneda. Esa actividad gremial consistía en impedir que los trabajadores tercerizados cortaran las vías", agregó el abogado Mendieta.

Si bien LA NACION no pudo ver ese mail , la existencia de esa misiva estaría confirmada a partir de la decisión de la jueza que, ayer por la tarde, ordenó allanar las oficinas de Ugofe, en la estación Constitución.

Allí, los funcionarios judiciales secuestraron los legajos de los 120 operarios a los que el miércoles pasado se les otorgó licencia para participar de esa actividad gremial, que terminó en la tragedia de Barracas.

Diego Cardía, uno de los referentes del grupo atacado, sostuvo que podía aportar el nombre y apellido del asesino de Ferreyra. "Trabaja en los talleres del ferrocarril en Remedios de Escalada y pertenece a la barra brava de Banfield", sostuvo.

Los videos
Los dichos de Cardía con respecto al lugar en el que trabajaban los afiliados que supuestamente integraban el grupo de la Unión Ferroviaria que participó del ataque en Barracas habrían sido avalados por las imágenes que tomó el día de la protesta el canal de cable C5N. Allí aparecerían, entre otros, Roberto Agustín Prado y Daniel González, que trabajan en los talleres de Remedios de Escalada.

Otra línea de investigación apuntaría a Alberto Trezza, como presunto responsable político del grupo que maneja la empresa Ferrobaires. Trezza fue subsecretario de Trasnporte Ferroviario en el gobierno provincial de Eduardo Duhalde y dirigió Ferrobaires entre 1994 y 2002.

En diálogo con LA NACION, Trezza rechazó las denuncias en su contra y dijo que se trata de una "operación armada; esto sólo tiene la finalidad política de ensuciar a Duhalde con estas bajezas". El ex funcionario añadió: "Esto me provocó un gran disgusto, es inaudito dar crédito a semejante barbaridad. Tengo 65 años, estoy jubilado y no tengo vínculo con Ferrobaires desde 1999".

Mientras se realizaban los allanamientos en Constitución, a 20 cuadras de allí, en Barracas, peritos de la Gendarmería levantaban huellas digitales y revisaban las marcas de los disparos realizados el día de la muerte de Ferreyra.

Esas pruebas fueron entregadas a la jueza López, que ordenó una serie de estudios balísticos para determinar exactamente la cantidad de bocas de fuego y el lugar en el que estaba el tirador.

LA FISCAL PIDE AYUDA A LOS TESTIGOS

La fiscal Cristina Caamaño criticó en público a los militantes de izquierda que se niegan a aportar datos sobre el asesinato de Mariano Ferreyra. Y además emitió un comunicado para pedir que "quienes hayan sido damnificados o testigos de los hechos se presenten ante la fiscalía".


Por Gustavo Carabajal -