La Ministra de Defensa Nilda Garré le ordenó al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General Luis Alberto Pozzi, hacerse cargo de la depuración de los indeseables por “portación de apellido”. El tema derivó en una crisis en la cúpula y el retiro de dos generales.

Por Carlos Manuel Acuña (*)

En los últimos años, se puso en ejecución una clara política discriminatoria en los ascensos a la jerarquía de oficiales superiores, en lo que ya comúnmente se conoce como portación de apellidos, donde personal con sobrados méritos profesionales y adecuadas fojas de servicio, se ven despojados de toda justicia de acceder a grados superiores, por el solo hecho de tener o haber tenido familiares militares en actividad en épocas de la Dictadura.

Se los juzga de este modo por lo que puedan o no haber hecho familiares suyos, y no por lo que ellos como personas únicas representan y han sabido lograr a lo largo de su carrera.

Esta situación ya fue denunciada ante el Congreso de la Nación. La Ministro de Defensa Nilda Garré se opuso terminantemente a autorizar la concurrencia de personal de las FFAA perjudicados por este motivo a la Comisión de Defensa, que previamente los había citado a una reunión. Este episodio repercutió hondamente en la oficialidad, creando un ambiente de creciente malestar.

Una crisis puertas adentro

Lo que este año habría marcado una diferencia en los hechos fue la participación de los propios oficiales del Ejército que deben evaluar a sus subalternos en condiciones de ascenso y proponerlos ante el Ministerio de Defensa. Los retiros voluntarios del general de división Luis Federico Anschutz y del General de Brigada Jorge Gómez, ocurridos un mes atrás, no fueron casos aislados sino el resultado de un proceso de enfrentamientos dentro del generalato.

El control formal de la institución que aparenta tener el generalato es apenas una cortina detrás de la cual se esconde el desprestigio de los mandos y su escaso ascendiente. Todo esto en el marco de enfrentamientos cada vez mayores entre los que buscan congraciarse a cualquier precio con el gobierno y sus críticos.

El caso es que Garré, probablemente para evitar ser el blanco de los reclamos y cuestionamientos por la existencia de procedimientos irregulares, le habría ordenado al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General Luis Alberto Pozzi, que sea la misma Fuerza la que efectúe la depuración de los oficiales sospechosos por portación de apellido. De este modo, no tendría que ser el Ministerio el que pague los costos.

Un plenario ajetreado

Pozzi, emulando a su antecesor Roberto Bendini, habría aceptado asumir el papel de verdugo de sus propios subalternos. Así es que se montó una Operación tratando de presionar a las distintos oficiales responsables de implementar administrativamente los ascensos dentro de la Fuerza.

El objetivo era que el personal previamente cuestionado por Defensa por “portación de apellido” fuera colocado muy por debajo de lo que realmente hubiese correspondido en el orden de mérito -pese a tener sobradas condiciones- de manera que no pudieran acceder a las vacantes asignadas para el grado inmediato superior. De esta manera se intentaba disfrazar el real motivo de la negativa de sus ascensos por portación de apellido por el injusto arbitrio de no hacerlos ingresar en las vacantes asignadas por un tema de orden de mérito.

Pero el plan encontró una inesperada resistencia entre los coroneles a cargo del tema, que evaluaron con total justicia a los oficiales cuestionados, proponiendo el ascenso de los mismos. Esta situación marcó el comienzo de una fisura en la cúpula de la fuerza.

En el denominado plenario, conformado por los generales de menor antigüedad, donde nuevamente son analizados los legajos de los postulantes, se hizo sentir la presión de Pozzi a través de uno de los pocos alfiles que al parecer le son funcionales. Aunque en realidad no se sabe si no es el propio Pozzi el que terminó siendo funcional al General César Milani. Éste es el Director General de Inteligencia y está muy vinculado a Garré, en base a méritos estrictamente privados.

Ambos compartirían también negocios inmobiliarios con edificaciones y terrenos enajenados que fueron adquiridos con fondos reservados. Milani arengó al resto de los Generales a no dejar solo a Pozzi en su postura de cumplir las instrucciones recibidas.

A todo esto, merecen ser destacadas las posiciones minoritarias, pero totalmente encontradas de los Generales Roberto Enrique Terrado y Carlos Pritz, que con firmeza y convicción fueron los únicos que votaron en contra de la injusta exclusión del personal dentro de las vacantes de ascenso.

Votaron a favor, siguiéndolo a Pozzi, 27 generales: Lux, Tellado, Milani, Marturet, Carles, Peretti, Dotto, Pelagatti, Ruiz Díaz, Martínez Conti, Calligaro, Landa, Serrano, Paoli, Barchuk, Cundom, Brizuela, Herrera, Brown, Ferrari, Bruera, Canaves, Montero, Castagno, Bossert, Carena, Díaz Bessone. Este último quiso posteriormente enmascarar su voto frente a sus subalternos, diciendo que lo había hecho negativamente, pero fue oportunamente “descubierto” en su intento.

Vale una mención particular -que marca el nivel del auditorio- la participación del general auditor Lozano, que arengó a sus pares del siguiente modo: “voten tranquilos por el no, porque estamos legalmente cubiertos”, sin aclarar exactamente de que están cubiertos.

Finalmente, se reunió la última instancia, la Junta Superior conformada por los siete generales más antiguos, último nivel de estudio de los legajos del personal en condición de ascenso. Allí la crisis interna latente en la fuerza volvió a aparecer.

En una primera votación, por unanimidad, los generales se opusieron a la política de Garré y Pozzi, sosteniendo los ascensos del personal cuestionado. Pero luego, el propio Jefe de Estado Mayor irrumpió en la Sala llamándolos a la reflexión. Además, intentó convencerlos de a uno, llegando a ofrecerles, de acuerdo a las versiones recogidas, continuidad en sus cargos. Incluso alguno de ellos recibió la oferta de pasar a ser Subjefe de Estado Mayor, cargo que hoy ocupa el general Eduardo Lugani.

En medio de este clima rayano en el sainete, se habría optado por una nueva votación. El resultado fue que de los seis generales que votaron (el séptimo era el general Daniel Camponovo que por ser el de mayor graduación sólo emitía su voto en caso de empate), cuatro de ellos se mantuvieron en su postura original. Éstos fueron Lugani, Anschutz, Gómez y Aparicio. En cambio dos cambiaron abruptamente su postura adhiriendo a Pozzi. Éstos fueron Carlos Artuso y Raúl Poggi, ambos casualmente del arma de Ingenieros, al igual que el Gral. Milani.

Como resultado de esta manipulación de los votos se manifestaron severos reproches y se vivieron situaciones tensas entre los causantes, lo que motivó el pase a retiro de Gómez y Anschutz. Este último, probablemente el de mayor prestigio y ascendiente entre sus pares.

El escandaloso episodio no sólo puso en evidencia las fisuras en el generalato sino la ruptura horizontal con el nivel de los coroneles, con un final que sin duda es abierto.


(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo por gentileza de su autor Carlos Manuel Acuña -Periodista y escritor- autor entre otros libros de "Por Amor al Odio" y "Vertbitsky - de la Habana a la Fundación Ford".