El operativo judicial incluyó una sede del sindicato de Moyano
En un renovado impulso de la causa en la que se investiga la mafia de los medicamentos, que genera preocupación en el ámbito gremial, la Justicia allanó ayer casi medio centenar de obras sociales sindicales sospechadas de haber percibido reintegros indebidos por parte del Estado por la compra de costosos medicamentos.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez Norberto Oyarbide y alcanzaron, también, a la obra social de camioneros, que maneja el líder de la CGT, Hugo Moyano.

El magistrado ordenó buscar los expedientes de un centenar de compras realizadas por el gremio a droguerías sospechosas, por las cuales el sindicato cobró reintegros a partir de denuncias formuladas en la causa por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.

Además, el juez dispuso allanar la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo del Ministerio de Salud encargado de entregar los controvertidos subsidios.

En los operativos fue detenida una persona que maneja la prestadora Asistencia Solidaria, ante indicios de que podría estar relacionada con una organización descubierta hace un mes, que se dedicaba a la comercialización de troqueles falsos de remedios, para poder cobrar los reintegros por la compra de medicamentos.

De este modo, el juez Oyarbide relanzó la causa, que afecta principalmente al secretario general de la Asociación Bancaria, José Zanola, quien continúa detenido. También está preso el empresario Néstor Lorenzo, de droguería San Javier, proveedora de remedios a sindicatos.

El propio Lorenzo admitió ante la Justicia que vendió medicamentos a la obra social del gremio de Moyano hasta 2006. Luego, la obra social de los camioneros le adquirió medicamentos a Droguería Urbana.

El presidente de esa empresa, Marcos Hendler, fue indagado ya en la causa y el juez Oyarbide debe resolver aún su situación procesal. En la misma situación se encuentra el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, que fue el recaudador de la campaña electoral que consagró a la presidenta Cristina Kirchner, en 2007.

En la gerenciadora Asistencia Solidaria, en la calle Lambaré 1140, quedó detenido José Raes, por los remedios provistos a los afiliados de la obra social de ministros, secretarios y subsecretarios del Estado, indicaron las fuentes. Algunas versiones indicaban que se trata de un intermediario entre la banda que falsificaría los troqueles y la obra social.

Los operativos

Al menos 36 de los operativos de ayer se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, dos en el conurbano y cuatro en Mendoza y Chubut, dijeron a La Nacion fuentes del caso.

En los procedimientos se secuestró documentación relacionada con la comercialización de medicamentos oncológicos, contra el sida y para pacientes hemofílicos, entre otros elementos considerados valiosos por los responsables de los operativos.

Los gremios investigados son los que adquirieron medicamentos a las droguerías San Javier, Baires Med, Del Plata y Multifarma y Urbana, Romala, Bisol y Congreso Salud.

Los allanamientos se realizaron en las sedes de las obras sociales de Choferes de Camiones (Oschoca), de Escribanos, de Personal de Maestranza, Maquinistas de Teatro y Televisión, Químicos y Petroquímicos y Personal Gráfico.

También en la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OSBA), la de personal de Lotería y Juegos de Azar, de la Actividad Docente, del Personal de la Televisión y de la Industria del Cuero y Afines.

La lista incluye a las obras sociales de la Unión Obrera Metalúrgica, de la Unión de Entidades Deportivas y Civiles y a Ospoce, que brinda prestaciones a los integrantes de los organismos de control.

Fueron allanadas, además, las obras sociales de la Actividad del Turf, de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y la de Aeronavegantes.

Otros operativos, según las fuentes, fueron en las sedes de Personal Administrativo y Técnico de la Construcción, de Obras y Servicios Sanitarios, de la Industria del Hielo, de Portuarios Argentinos y del personal del Automóvil Club Argentino.

La orden de allanamiento dada por Oyarbide alcanzó a las sedes de las obras sociales de la Seguridad Comercial, de Conductores Camioneros y Personal del Transporte Automotor, de Estaciones de Servicio, de Telégrafos y de las industrias del Plástico, del Calzado y del Vidrio.

El resto de los operativos fueron realizados en la obra social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios; Trabajadores de Prensa de Buenos Aires; Agencia de Programas Especiales; de personal de Relojeros y Joyeros, y de Químicos y Petroquímicos.

En el conurbano fueron allanadas la obra social del Personal Municipal de Avellaneda y del Personal Municipal de La Matanza.

En el interior del país, en tanto, fueron inspeccionadas la Mutual del Personal de Agua y Energía de Mendoza, la sede de empleados de Prensa de esa provincia, y en la Patagonia, la Asociación de Obras Sociales de Comodoro Rivadavia y de Trelew, en Chubut.

Otro revés para el bancario Zanola

La Cámara Federal rechazó por inadmisible un recurso con el que el detenido sindicalista bancario Juan José Zanola pretendía llegar hasta una instancia superior, la Cámara de Casación, para obtener el arresto domiciliario. Ahora puede insistir en otro recurso. El tribunal rechazó la presentación al entenderque no corresponde que la detención sea abordada por el máximo tribunal penal del país, dado que no se trata de una sentencia definitiva ni tampoco causa "un gravamen irreparable".

La causa

Medicamentos. Además de la Obra Social de la Asociación Bancaria, el juez Oyarbide investiga unas 50 obras sociales que adquirieron medicamentos en las droguerías sospechadas de vender remedios adulterados. San Javier, Baires Med, Multipharma, entre otras.

La estafa. La sospecha es que se fraguaban los troqueles para recibir reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE) por la provisión de remedios que nunca habrían sido entregados a los pacientes.

Detención: en el procedimiento realizado en la gerenciadora Asistencia Solidaria quedó detenido ayer una persona identificada como José Raes, que estaría vinculada con los remedios provistos a la obra social de ministros, secretarios y subsecretarios del Estado.


Hernan Cappiello
LA NACION