La oposición decidió citar a Schoklender al Congreso.

Intentan que declare sobre el uso de dinero público.

El ex apoderado levantó el tono de sus denuncias.

Dijo que el Gobierno manipula la causa judicial en su contra y acusó al secretario de Obras Públicas, José López, de cobrar coimas.

En los próximos días, los principales bloques de la oposición impulsarán la convocatoria a la Cámara de Diputados de Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para que amplíe sus recientes denuncias sobre supuestos pagos de gastos de la campaña del kirchnerismo con fondos de la fundación que preside Hebe de Bonafini .

Ante el revuelo que generaron las acusaciones de Schoklender, que anteayer presentó su denuncia ante la Justicia , la oposición pretende capitalizar el escándalo que salpica al Gobierno.

En las últimas horas, el ex apoderado subió la apuesta: en una extensa entrevista con la revista Noticias denunció que el Gobierno manipula la causa judicial en su contra y acusó al secretario de Obras Públicas, José López, de cobrar coimas.

Los opositores invitarán a Schoklender a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la de Vivienda de la Cámara baja. Sus respectivos presidentes, Graciela Camaño (Bloque Peronista) e Hipólito Faustinelli (UCR), confirmaron a La Nacion que avanzarán en ese sentido y argumentaron que, frente al lento avance que muestra la investigación del escándalo por parte del juez federal Norberto Oyarbide, el Congreso debe involucrarse, ya que hay recursos públicos millonarios en juego.

El jefe del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, criticó a sus pares opositores, a los que acusó de montarse en un "circo mediático". "Más que investigar las mentiras de Schoklender, el Congreso debería avanzar en las leyes que a la gente le importan, como la que regula la venta de tierras a extranjeros, que demora la oposición", replicó.

En su presentación ante la Justicia, Schoklender denunció el martes pasado que Bonafini posee cuentas en bancos europeos por dos millones de euros , que su organismo pagó gastos de la campaña electoral del kirchnerismo y que el avión privado en el que se movía fue utilizado por funcionarios nacionales.

De esta manera, el ex apoderado procura desligarse de las acusaciones en su contra por supuesta estafa y lavado de dinero con recursos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales que investiga el juez Oyarbide.

Con las recientes revelaciones de Schoklender, la oposición cree haber encontrado una nueva veta para escarbar en el asunto que incomoda al Gobierno. Tanto la UCR como la diputada Patricia Bullrich (Coalición Cívica) propusieron ayer sendos pedidos de creación de una comisión especial investigadora en la Cámara baja.

Como este trámite demanda su tiempo -primero debe ser aprobado en comisión y luego en el recinto-, Bullrich propuso un atajo: pedirá que se convoque a Schoklender a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Vivienda, comandadas por opositores.

La idea fue acompañada por Ricardo Gil Lavedra y Federico Pinedo, jefes de los bloques de la UCR y de Pro, respectivamente. También la avaló el Peronismo Federal. En cambio, a la diputada Margarita Stolbizer (Frente Amplio Progresista) le pareció "un disparate".

"El congreso no puede convalidar en su citación a una persona como Schoklender. Aunque creo que lo que dice debe tener mucho de cierto, estamos frente a una denuncia de delitos que debe ser tratada en la Justicia", sostuvo Stolbizer.

No todos están de acuerdo con ella. "El Congreso tiene como función principal la de control. Es razonable que se lo invite a Schoklender para reforzar la investigación", sostuvo Pinedo. Gil Lavedra coincidió, aunque insistió en que lo ideal sería la creación de una comisión especial ad hoc, ya que tendría facultades especiales para la pesquisa.

El caso Schoklender tiene dos ejes que la oposición pretende investigar en el Congreso. Uno se refiere a la supuesta estafa en la construcción de viviendas sociales, tema al que se aboca la Comisión de Vivienda. El otro es la supuesta desviación de fondos públicos para solventar gastos de campaña del kirchnerismo, tema que compete a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En junio pasado, la diputada Bullrich denunció ante la Auditoría General porteña que algunos gastos de campaña de los ministros de Economía y de Trabajo, Amado Boudou y Carlos Tomada, respectivamente, y de Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas, fueron costeados con cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

En esa denuncia, que publicó LA NACION, Bullrich precisó que el trío de funcionarios -que competía por entonces por la candidatura la jefatura de gobierno porteña- encargó sus volantes y afiches de campaña a la imprenta Pasart, controlada por Pablo Schoklender.

Paralelamente, la diputada Camaño comenzó ayer a trabajar en un pedido de convocatoria a Schoklender a la comisión que preside. La citación se emitiría hoy mismo.

"Si la Justicia no resulta capaz de avanzar en una denuncia que ya tiene más de cuatro meses, alguna de las instituciones de la República debe hacerse cargo, y ése debe ser el Congreso. Este escándalo demuestra una vez más cómo el kirchnerismo abusa de los fondos públicos para su propio provecho electoral", sostuvo Camaño.

- Por Laura Serra | LA NACION -