Cuatro resoluciones que se publican en el Boletín Oficial ordenan relevar todo el sistema de radiodifusión y las licencias.

Pese a los planteos judiciales y el rechazo del arco político opositor, el Gobierno avanza con la puesta en marcha de la nueva ley de medios.

A través de cuatro resoluciones, el Poder Ejecutivo dispuso el relevamiento de los servicios operativos de radiodifusión sonora, y de licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios, además del ordenamiento de los servicios de televisión de baja potencia y la reglamentación del registro de señales.

En la mira de la Justicia. Estos avances ocurren después de que la Justicia dictara cuatro sentencias en contra de la ley de medios que el Congreso sancionó en octubre del año pasado.

El primer fallo fue emitido por el juez civil y comercial federal Edmundo Carbone, que, a pedido de Clarín, había suspendido el plazo de desinversión que establece el artículo 161 de la ley. Este es el único fallo del que fue formalmente notificado el Poder Ejecutivo, que fue apelado el mes pasado

En tanto, el juez federal Miguel Medina, haciendo lugar al planteo de Codelco, una ONG de alcance nacional, dictó la segunda resolución, que suspendió el artículo 161 y también los artículos 45 (multiplicidad de licencias) y 62 a 65 (trasmisión en cadena).

La otra resolución fue dictada por la jueza federal Olga Pura de Arrabal, de Mendoza, que suspendió toda la ley de medios audiovisuales, porque encontró que el Congreso habría incurrido en serias irregularidades reglamentarias durante el trámite de sanción de la ley y pidió informes al Poder Ejecutivo y al Congreso. Un vicio en el origen mismo de la ley.

El cuarto fallo, dictado el 30 de diciembre último en San Juan, impugna otros seis artículos de la ley, hasta que se resuelva el tema de fondo. Los artículos suspendidos transitoriamente son 42, 43, 45 (multiplicidad de licencias), 46, 48 y 161. Según el magistrado, la ley tiene un sinnúmero de facultades que importan "una abierta contradicción" al principio de la libertad de prensa.

Las cuatro resoluciones que se publican en el Boletín Oficial de hoy fueron dictadas el 29 de diciembre último y llevan la firma del jefe de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto.

Distribución. En sus considerandos, la resolución 1/2009 aclara que el relevamiento de los servicios de radiodifusión sonora "no es constitutivo de derechos", sino que se limita a convocar a los prestadores de servicios de AM y FM "para conocer la forma en la que se distribuyen geográficamente y la modalidad de prestación del servicio".

Para ello dispone que, entre el 15 de enero y el 15 de marzo, deberán presentarse al relevamiento "las personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o sin fines de lucro que a la fecha del dictado de la resolución se encuentren operando servicios de radiodifusión sonora sin autorización".

En tanto, la resolución 2/2009 dispone "el relevamiento obligatorio de las licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios, y emisores reconocidas" que se encuentren vigentes "correspondientes a servicios de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisión abierta en todo el ámbito de la República Argentina". En este caso el plazo para la presentación también se extenderá entre el 15 de enero y el 15 de marzo próximos.

Toda esta información conformará el Registro Público de Licencias y Autorizaciones, que permitirá "identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que resulten de interés para asegurar la transparencia".

La resolución 2/2009 aclara además que la información que se recabe en ese lapso "será relevante para la elaboración del plan de frecuencias y la factibilidad de incorporar nuevas previsiones en las diversas localizaciones".

Aclara además que el 16 de marzo próximo, "quedarán automáticamente cancelados los permisos precarios y provisorios y el reconocimiento de las emisoras" cuyos titulares no se hubieren presentado la información requerida.