Sergio Burstein, denunciante original de la causa de espionaje telefónico y familiar de una víctima del atentado a la AMIA, pidió hoy al magistrado que cite a indagatorias, es decir como sospechoso, al jefe de gobierno porteño. También incluyó en su pedido al juez Guillermo Montenegro, y el ex ministro de Educación Mariano Narodowski.

El pedido fue efectuado en el primer día hábil luego de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento del ex jefe de la policía metropolitana, el comisario Jorge "Fino" Palacios y del espía Ciro James.

En su pedido, Burstein, un familiar de una víctima del atentado a la AMIA, pidió que la medida se extienda al ministro de seguridad y justicia de la Ciudad, el ex juez federal Guillermo Montenegro, y el ex ministro de Educación Mariano Narodowski.

El dirigente judío adujo que ni Macri, ni Montenegro ni Narodowski podían ignorar el sistema montado por su jefe de policía del estado porteño, máxime cuando el espionaje alcanzó al cuñado del jefe de Gobierno, el mentalista Néstor Leonardo.

Narodowski ya fue indagada por Oyarbide a raíz que fue su cartera la que hizo un contrato de locación de servicios a James, quien, según su propia declaración, debía incorporarse luego a trabajar en la Metropolitana.

La Cámara Federal, sin embargo, resolvió apartarlo de la causa federal y remitió esa parte del expediente al juez en lo correccional Walter Candela, aduciendo que lo actuado por un funcionario de la ciudad no es materia federal.

Fuentes del juzgado de Oyarbide admitieron haber recibido hoy el pedido de los letrados de Burstein, quien en setiembre pasado denunció que un teléfono celular reservado era espiado, por lo que se abrió la investigación.

La semana pasada, además del removido jefe de la Metropolitana y de James, la Cámara confirmó la prisión preventiva de cinco policías de Misiones y de la secretaria del juzgado de instrucción numero uno de Posadas, acusándolo de integrar la misma asociación ilícita.

El tribunal de alzada dio por probado en la instrucción que tanto Palacios como James y los restantes procesados gestionaba antes juzgados misioneros pedidos de intervención telefónica a la SIDE fraguando falsas investigaciones, de modo de lograr una "pinchadura" legal pero ilegítima.

De ese modus operandi fueron víctimas en el periodo investigado otras ocho personas, entre ellos el empresario Carlos Avila y varios gerentes de los supermercados Coto.